La locuacidad del subsecretario Bento o de su mentor, José Manuel Soria, no ha alcanzado sin embargo (al menos que nosotros sepamos) al descubrimiento desvelado por el Cabildo de Fuerteventura de que el estudio de impacto ambiental de las prospecciones canarias es un corta y pega de otros que Repsol ha presentado en otros lugares donde, por lo que parece, han tenido todas las bendiciones. Ese hallazgo, que no requiere ni de un comité científico de la Unesco sino de un repaso casi visual por los textos presentados por la compañía, ya ha sido incorporado a la causa abierta en el Supremo por demanda contra las prospecciones. De confirmarse en los términos hasta ahora expuestos solo por el Cabildo majorero, estaríamos ante un auténtico escándalo que convertiría en fraude el informe sometido en Canarias a información pública con tantas alharacas por parte del Gobierno y con tanta prepotencia por parte de la compañía. ¿Van ustedes entendiendo, por ejemplo, por qué no aparecen firmas con su filiación completa, de los técnicos que asumen algunos de los informes incorporados? Pero, además de un fraude que podría tener sus derivadas penales, nos encontramos ante una monumental tomadura de pelo a los canarios y ante la constatación de que Repsol puede hacer lo que le salga de sus cachivaches porque José Manuel Soria se lo va a colar todo. Pretender que las condiciones de unas prospecciones frente a Málaga o frente a Bermeo son las mismas que a más de 6.000 metros de profundidad en el Atlántico, con realidades ambientales, de corrientes y de riesgos muy diferentes constituye un descaro y un soberano fraude que alguien debería ir aclarando de inmediato. Y las instituciones canarias empezar a plantearse acudir a la vía penal, ahorrándose la fiscalía, que juega para el enemigo.