Pero para que la operación del canódromo prosperara como prosperó hacía falta un empresario comprensivo. La parcela había sufrido numerosas vicisitudes desde que la familia Mota tuviera que cederla a los trabajadores del canódromo para hacer frente a las deudas, y éstos a la familia Pulido. Fue el abogado de los trabajadores, José Díaz Sosa, quien se acabó quedando con la titularidad ante la imposibilidad de cobrar sus honorarios por los pleitos defendidos. Pero es su hija la que finalmente vende la pieza de suelo al empresario Eduardo Fernández, propietario de Improcansa, por 500 millones de las antiguas pesetas. Es entonces cuando el Ayuntamiento de Soria (provincia de Las Palmas) tiene la feliz idea de suscribir un convenio con la empresa para producir este pelotazo ahora anulado por los tribunales. Analicen y verán cómo iban calentando para La Favorita. Y luego, la finca de San Rafael. Mira que son previsibles.