Un pinchazo telefónico es una de las medidas de restricción de libertades personales más puñetera que hay en el ordenamiento jurídico. Basta con leer una sola transcripción de una conversación intervenida por la Policía para llegar a esa conclusión. Lo que hablamos, puesto negro sobre blanco, con todas sus palabras, sus suspiros, sus pausas... constituye toda una agresión personal para quien comprueba lo que se es capaz de decir en cada momento. Es gracias a las intervenciones de teléfonos cómo la Policía va componiendo poco a poco una enorme sucesión de comportamientos presuntamente corruptos con casi todas las variaciones previstas en el Código Penal: delito electoral, contra la administración pública, alteración de precios en subastas y concursos públicos, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, revelación de secretos... Lo que nos lleva a preguntarnos de dónde sacaban tiempo estos personajes para gobernar un municipio como Mogán.