Aprovechando la revoltura en que se desenvuelven desde los gloriosos tiempos de Águeda Montelongo los asuntos de menores, han vuelto a ponerse en evidencia las profundas diferencias que hay en el sector de la seguridad en Canarias. Parece demostrado, según dicen incluso dentro del Gobierno y en la Policía, que no es cierto que cinco trabajadores de Seguridad Integral Canaria estén en el lote de 24 suspendidos por la Dirección General de Menores por tener antecedentes judiciales. Pero la asociación Aproser, que engloba a cuatro compañías de seguridad peninsulares y extranjeras que operan en las Islas, ha aprovechado para arremeter contra su competidora principal, Apemes, que engloba a multitud de pequeñas y medianas empresas de seguridad canarias agrupadas en Cecapyme. La guerra no ha hecho más que empezar porque mientras unos se arman en lo mediático, otros preparan querellas criminales.