El anuncio, aparecido en el BOC del miércoles, ya empieza mal al remitirse a una ley estatal (la 50/1997), como si aquí no tuviéramos normas reguladoras para este tipo de casos. Pero el asunto se complica al comprobar que esa norma no se refiere a la información pública de leyes, porque las leyes, queridísimos, no se someten a la opinión ciudadana más allá de lo que sus representantes democráticos hacen en los respectivos Parlamentos. La tal ley estatal regula la información pública de los reglamentos, que no es el caso. Para rematar el anuncio, Trasobares explica a los lectores del BOC, que ya deben andar chiflados, que el expediente en cuestión está a disposición del personal en “las oficinas de la Secretaría General Técnica, sita en Avenida José Manuel Guimará, 8”, sin especificar a qué término municipal pertenece tal avenida.