Hasta dónde llegar con el Canódromo

Ya han terminado los trabajos de la comisión municipal de investigación sobre el caso Canódromo, ese que encierra uno de los mayores pelotazos urbanísticos de cuantos se han propiciado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y las conclusiones, como no podía ser de otro modo, han reabierto viejas divergencias en el seno de la recientemente rota mayoría municipal y en el siempre quebradizo grupo socialista. Hay unanimidad, sí, sin duda, en atribuir a José Manuel Soria y a Josefa Luzardo responsabilidades políticas claras por un claro quebranto a la hacienda municipal y al interés general, como fue práctica habitual en los mandatos peperos entre 1995 y 2007. Hay coincidencia en que la tramitación de este expediente, calcado de otros muchos gestionados por el procedimiento de permuta, sólo beneficiaba a los particulares, a los que jamás nadie logrará hacerles confesar con quién repartieron esas suculentas mordidas, esas insultantes plusvalías conseguidas en cuestión de días. Esa unanimidad, que también es ciudadana, se tropieza sin embargo con divergencias internas a la hora de delimitar si las responsabilidades son, además de políticas y seguramente penales, también extensibles a algunos funcionarios municipales.