Ya les adelantamos que no tenemos la más mínima sospecha de que el nombramiento de Alduán como viceconsejero de Justicia tenga que ver con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le ha dado la razón en un pleito que planteó como portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Las Palmas. Este lunes lo escuchamos en la Ser más contento que unas castañuelas por ese fallo judicial, según el cual se condena al Ayuntamiento de Las Palmas a enseñar a la oposición (y a quien lo pida por los conductos reglamentarios) el expediente administrativo del solar donde antes (¿se acuerdan?) había un edificio protegido llamado Woermann. Ha habido que esperar tres años -y encima la sentencia es recurrible- para confirmar que la Constitución española otorga a los ciudadanos y a sus representantes derechos tales como el de la información. Alduán, que no se rinde, ha dicho que piensa reclamar ahora el expediente para ver si se ha cometido alguna anomalía, o cuanto menos para tratar de saber por qué Soria y su equipo ocultaron esa información: ¿por maldad intrínseca?, ¿por costumbre? ¿o sencillamente por esa concepción que él tiene de las libertades de los demás?