En lo que llega Luciano Parejo con su ansiado informe, la opinión pública lanzaroteña se sigue preguntando si el poder y la influencia de los empresarios afectados por esas sentencias firmes conducirá a que se libren de las demoliciones esos diecisiete hoteles y complejos turísticos condenados, si es que queda alguna escapatoria para ellos dentro de una ley actual o futura. Nadie ha insinuado por dónde puede ir ese dictamen de Parejo, pero los pocos que se han estudiado los expedientes aseguran que, para la mayoría de las edificaciones, llegará demasiado tarde, sea cual sea la fórmula que proponga. La Fundación César Manrique, personada en las causas, ha pedido la ejecución de las sentencias que ya son firmes, ejecuciones que podrían aceptarse en cualquier momento. Porque los afectados han agotado todos sus plazos y todas las instancias posibles, incluido el Tribunal Constitucional, que sigue enviando a Lanzarote denegaciones de recursos de amparo por no haber detectado ningún supuesto de inconstitucionalidad en los contenciosos-administrativos sentenciados.