El concurso de seguridad y vigilancia estuvo rodeado de sospechas desde el principio, de ahí que su tramitación se alargara desde mayo de 2009 hasta marzo pasado. El consejero Luis Ibarra, miembro de la Mesa de Contratación y responsable de Economía y Hacienda, ha sido el más crítico con la propuesta de adjudicación en favor de Serramar, elaborada por el servicio de Régimen Interior, por considerar que estaban muy forzadas las valoraciones subjetivas. Ibarra contaba, además, con información oficiosa que le hacía sospechar que tras todo aquello había gato encerrado. Por eso se decide reclamar del jefe de los Servicios Jurídicos, Carlos Trujillo, un informe que, efectivamente, puso de manifiesto las mismas debilidades evidenciadas en la Mesa de Contratación. Tras ese informe y días antes de que la adjudicación se decantara, por exigencia de los funcionarios de Régimen Interior, en favor de Serramar, Luis Ibarra y Encarna Galván reciben en sus teléfonos móviles un mensaje en un claro tono amenazante que ambos consejeros socialistas pusieron de inmediato en conocimiento de la Policía.