El escándalo de Tebeto entra en una nueva fase. Después de que CC y PP señalaran a los socialistas Francisca Luengo y al ya fallecido Andrés Calvo como responsables políticos del desaguisado, la estrategia va dirigida ahora contra la sentencia judicial que condenó a la Comunidad Autónoma a pagar los 101 millones de euros por los que ya va la indemnización a Rafael Bittini, de Cabo Verde, S.A. De Luengo y de Calvo dijeron cosas grandiosas cuando se conoció la sentencia, como que una resolución de 1993 dando por caducada una autorización de investigación minera sobre la montaña de Tebeto era el origen de todos los males. Pero nada sustenta tan extravagante afirmación. Muy al contrario, el expediente, la sentencia del TSJC, el recurso de casación ante el Supremo y la reciente valoración de la cantera hecha por el Ejecutivo, contradicen aquellas tesis. Pero metido a sacudirse las responsabilidades, el Gobierno ha mandado a Ruano a mentir, o a ocultar la mitad de la verdad: la culpa es del tribunal, que no nos dejó presentar pleito a prueba, es decir, una tasación que contradijera la que hizo el ingeniero de minas Antonio López, tío carnal de los hermanos Soria López.