De impagable puede calificarse la última aportación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a la más infame de las teorías políticas: vale hasta el delito con tal de justificarlo en un presunto interés de la colectividad. Lo ha escrito, o mejor dicho, firmado, en un artículo publicado este domingo en El Día. En su continua huida hacia adelante, Zerolo descalifica a los denunciantes del escándalo de Las Teresitas para, en sintonía con la práctica en boga, convertir en normal que un servidor público se lleve por delante la legalidad vigente amparado en beneficiar a un imaginario vecino que él (y los que opinan como él) considera idiota. Dice Zerolo que “con independencia de cómo se ha comprado el frente de playa -algo que espero, deseo y ruego que algún día tenga una clarificación jurídica- la realidad es que la playa es y será pública, la playa de la cocapital de Canarias, la playa emblemática del área metropolitana”. ¿Cómo que “con independencia de cómo se ha comprado la playa”? Es que el bollo del cogollo del meollo es cómo se ha comprado la playa y cuántos delitos y presuntos delincuentes hay en presencia.