No gana para disgustos el hombre que tenía en nómina como embajador ante las instituciones públicas canarias (pieza separada del caso Faycán dixit) al ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez. A estas alturas del partido, José Manuel Antón Marín, administrador único de Grupo Europa, debe haber echado cuentas y llegado a la conclusión de que tanto dinero B, de Telde a Mogán, no le ha servido para nada. Aunque llegara a financiar un mitín de Mariano Rajoy. Más bien lo contrario. La penúltima le ha llegado a este pequeño Correa de andar por Canarias en forma de sentencia judicial que le obliga a abonar 158.000 euros a una constructora canaria, Jayra, por incumplimiento de contrato en la promoción de tres fases del Residencial Laurisilva, en Ciudad del Campo, donde empezó allá por 2001 todo este embrollo de peperos y gestores de cooperativas de viviendas protegidas. La juez de Primera Instancia 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Paloma Bono, ha dado la razón a Construcciones Jayra en la parte más sustancial de su demanda contra la filial isleña de Grupo Europa, que no pudo probar en el juicio lo que argumentaba: que Jayra reclamaba esas cantidades por obras no ejecutadas o por precios superiores a los pactados. Ni lo uno, ni lo otro: a pagar, piolín. O a recurrir, por supuesto.