Pero no sólo son los empresarios portuarios los que quieren tener sentados sus reales en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. También lo pretende Pepa Luzardo, ex alcaldesa de la ciudad, que ha pedido a su partido que presione a Paulino Rivero para que ella sea uno de los seis representantes de la Comunidad Autónoma en ese organismo. Pero los expertos han repasado las leyes y se han dado cuenta de que lo que no puede ser no puede ser, y además, es imposible. Según normas estatales, que rigen para todas las Autoridades Portuarias, para representar a una Comunidad Autónoma en un órgano de este tipo es necesario ocupar al menos una dirección general del Gobierno. Y, de momento, no es el caso. Pepa, no obstante, no habría de ir al consejo a defender corriente empresarial alguna, sino a cobrar los 640 euros netos por consejo, que vienen muy bien en los tiempos que corren y del modo que se han puesto las hipotecas.