Vamos a tratar de aclarar algunas cosas importantes ante nuestros lectores. La primera: no tenemos el placer de conocer al señor Moya, ni sabemos de otras resoluciones conflictivas en su carrera. Ésta, la que permitió a Dimas ser elector y elegible, lo es sin duda. Segundo: es corresponsable de la providencia, se pongan sus defensores como se pongan. Tercero: carece de toda importancia que haya pedido traslado a una sección y otra, que le hayan montado un despacho o un piso en El Batán. Cuarto: es viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, cargo al que accede cuatro meses después de que la sala de la que formaba parte emitiera esa providencia. Quinto: el viceconsejero sigue defendiendo el fondo de esa resolución de su corresponsabilidad. Y sexto: el magistrado Moya ha renunciado prácticamente a su carrera judicial por la política, ya que el cargo de viceconsejero obliga a una excedencia voluntaria que cortocircuita su ascenso en el escalafón de la carrera judicial y le obliga -caso de querer volver- esperar tres años con sueldo base y a opositar para cualquier plaza en toda España. Es decir, que pretende dedicarse a la política. No sabemos si producto de un rapto de meditación de fin de semana o de una larga meditación. No es ilícito, pero es así.