Emilio Mayoral sabe perfectamente que ese acuerdo, el que otorgaba de por vida un beneficio del 3,5% de la explotación eólica en el puerto de Arinaga a la empresa del casero de Soria, es una bomba de relojería. Pero del mismo modo sabe cómo reaccionan los jueces cuando es un político el que se querella contra otro político, De ahí que se haya planteado seriamente decirle a la Abogacía del Estado que sea este órgano el que hable con el Ministerio Fiscal. Pero, además de esta posibilidad, que colocaría en una situación difícil a Arnáiz, a los Esquível y a una buena parte del Consejo de Administración del Puerto (los Soria, Luzardo y Mauricio incluidos) existen otras posibilidades de saltar al estanque de los tiburones.