La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha tenido la delicadeza de dejar pasar dos semanas desde las elecciones locales del pasado 22 de mayo para hacer pública una resolución por la que ordena el derribo parcial de catorce viviendas de Arrecife que invaden suelo rústico de especial protección. Se trata del famoso caso de La Bufona, barrio de la capital conejera que ha saltado a las primeras páginas de los diarios precisamente por la realización de chalets y obras de ampliación de los mismos sin contar con respaldo administrativo de cualquier tipo. Como no podía ser de otro modo, entre los propietarios de esas catorce casas con ilegalidades urbanísticas graves se encuentra un dirigente del Partido Popular de Canarias, en concreto de la presidenta insular de esa formación en Lanzarote, Astrid Pérez, que acaba de ser elegida consejera del Cabildo y parlamentaria regional. En el caso, que ya tiene diez añitos de antigüedad, también aparece como infractor un fiscal, Miguel Pallarés, destinado actualmente en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Pérez y Pallarés hicieron obras en sus chalets sin autorización maldita, desde sendas piscinas hasta ampliaciones ilegales de las viviendas, pasando por muros y edificaciones anexas. Pero, además, La Bufona tiene su traslación penal.