Habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales de estos dos despidos, a todas luces excesivos, y habrá que entrar alguna vez en en el fondo de la cuestión, si hubo o no negligencia en el impago de unas tasas para cuyos recursos los empresarios incluso habían depositado fianza y avales a la espera de resoluciones definitivas. Un informe de Puertos del Estado, llegado a Las Palmas en noviembre pasado, deja las cosas igual que en marzo de 2005, lo que avalaría las tesis de Bordes y Adán. Luego llegó Mayoral y con la nueva ley en la mano ya se cobraban regularmente esas tasas. En contra de los despedidos sólo aparece la diligencia con la que un veterano ex presidente portuario cobraba aquellos cánones. Se llama Luis Hernández y su habilidad para vincular nuevas concesiones con el pago de viejas tasas le permitió aparentar normalidad. Pero no la hubo, y de aquellos polvos, estos lodos.