Pero a pesar de la irrupción en el panorama judicial y mediático de esos personajillos, corruptos de medio pelo que en Lanzarote, en Arona, en Santa Cruz de Tenerife? han podrido el normal funcionamiento de las administraciones públicas, José Manuel Soria sigue siendo el paradigma del político con barniz de recto gestor que en realidad esconde a un personaje indeseable para la política. Que ninguno de sus comportamientos haya sido catalogado de delito por la Sala que conoce los asuntos de los aforados de Canarias no significa que haya actuado rectamente alguna vez. No hay peor corrupción que la del responsable político que, con la pretendida elegancia del intocable, utilice el poder democráticamente obtenido para llevarse por delante principios esenciales de la convivencia, las reglas del juego del Estado de Derecho. En dos ocasiones en su trayectoria política se ha llevado severas reprimendas de otros tantos tribunales de Justicia por pretender utilizarlos para acallar la crítica política, para acabar con los que se resisten a entrar en su perversa concepción del poder. La última, la sentencia del caso Chalet, cuando pretendió acabar con CANARIAS AHORA pidiendo cárcel para su director y más de medio millón de euros de indemnización por un asunto en el que él y su entorno terminaron siendo los verdaderos sospechosos. El juez García-Sotoca, de la conservadora APM, se lo dejó tan claro que al vicepresidente sólo le quedaron arrestos para recurrir ante la Audiencia Provincial la parte de la sentencia que le ha condenado a pagar las costas judiciales.