No dejen ustedes caer en saco roto la sentencia del TSJC que hemos publicado este miércoles sobre responsabilidades patrimoniales del Gobierno por la aplicación de la moratoria. Es sólo el principio de una sucesión de resoluciones en respuesta a los recursos presentados por empresas y particulares con expectativas urbanísticas y derechos consolidados por diferentes figuras del planeamiento. Las primeras estimaciones hablan de once casos, pero experimentados juristas aseguran que basta con que el personal empiece ahora a pedir licencias para que se generen situaciones similares a las que han dado lugar a esta sentencia. El Gobierno habrá de ponerse a trabajar seriamente y hacer lo propio con el Parlamento si no quiere meterse en un berenjenal de incalculables consecuencias económicas. Lo que le faltaba a Paulino Rivero y a José Manuel Soria para una legislatura más agitada de lo que se preveía.