“No es una cuestión del Gobierno. Cada funcionario de la Dirección General de Servicios Jurídicos que lleva un pleito lo hace con su mejor saber y entender, y es una cuestión profesional, no política. Los políticos no vamos a los tribunales a defender las cosas. Ya veremos lo que dice la sentencia del Supremo” declara Berriel. “Veremos, dicen los ciegos”, es un cruel aforismo español que sin embargo aquí casa mejor que nunca, porque lo cierto y verdad es que si el Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada en Canarias, los 16.000 millones de las antiguas pesetas que va a costar este despiste jurídico del Gobierno canario, que hasta un bebé era capaz de detectar, se va a convertir en el latrocinio más grave que ha sufrido una Hacienda pública en todo la trayectoria democrática española.