Ha conmocionado al sector nuestro suelto del otro día acerca de las pretensiones de la Agencia Tributaria de adjudicar a una empresa de seguridad privada la custodia de la embarcación Alcaraván V, que se dedica a la persecución y vigilancia de infracciones aduaneras, entre otras, el narcotráfico. Los expertos de la lucha contra este tipo de delincuencia no quieren que se produzca esa contratación porque, según afirman, peligrarían algunas operaciones al tener que comunicar por conductos no oficiales las salidas y previsiones del buque, lo que podría alertar a los malhechores. Para colmo, y en aras de una mal entendida austeridad, el concurso contempla la contratación de guardias jurados sin armas, de modo que el contrato salga más económico. Da igual lo que contengan esos barcos, entre otras cosas, mucho armamento, tanto ligero como pesado. Algunos mandamases entienden que un medio operativo como éste se custodia como quien custodia un edificio. Suena raro, a que sí.