Si no fuera porque hemos visto las cartas del general de la Guardia Civil, casi estaríamos por dudar que un mando militar español escriba, firme y sostenga lo que aparece en esas misivas. No contento con demostrar una ignorancia supina de las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los que forma parte, el alto mando llega a quejarse de que fuera detenida y condenada “una persona cuya honradez y buena educación bien conoces, que de ninguna manera se ha merecido el injusto castigo recibido; porque la sanción penal acarreada no sólo no justifica la desproporcionada actuación policial, sino que la agrava”. Y ya en el colmo de la desfachatez y la ignorancia, cuando no del delito, el general llega a criticar incluso lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue condenada (por sentencia de conformidad) la señora tan patrióticamente defendida: “La actuación judicial, por cierto, no es objeto de esta carta, pero podríamos hablar bastante sobre ella”. En resumen: si se es esposa de un militar de alta graduación, educada, de buena familia y honrada, no se le puede detener, y mucho menos condenar, por mucho delito que cometa. No olvidemos que el general de la Guardia Civil tiene mando sobre la policía judicial de este cuerpo, y ahí es nada lo dicho por este buen paisano: “injusto castigo”, “sanción penal que agrava la desproporcionada actuación policial”, “actuación judicial de la que podríamos hablar bastante”. Estamos en muy buenas manos, sí señor.