Pagarán los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria

Pasear por Las Palmas de Gran Canaria permite encontrarse con unos cuantos homenajes a los desafueros del que fuera su alcalde entre 1995 y 2003, José Manuel Soria López. Su manera de entender la gestión pública ha dejado un enorme agujero financiero gracias a incontables sentencias condenatorias, la mayoría de ellas por el mal urbanismo que practicó, con expropiaciones brutales que la justicia se ha ido cargando con el paso del tiempo para que hayan sido, y sigan siendo en el futuro, las sucesivas corporaciones y los sufridos contribuyentes los que carguen con las indemnizaciones. La ciudad está plagada de monumentos que recuerdan quién fue ese alcalde al que nadie se atrevió jamás a llevar ante los tribunales de justicia a pesar de tener pruebas suficientes para hacerlo. El último ejemplo, el de hoy, el de la Biblioteca Pública del Estado, no es el único, y ni siquiera el más salvaje de todos los atropellos a la legalidad con quebranto a las arcas públicas que cometió durante sus dos mandatos como alcalde con mayoría absoluta. Basta con repasar algunos de esos vestigios para echarse las manos a la cabeza:

La Favorita: un edificio inservible que costó 12 millones de euros prestados por el Banco Europeo de Inversiones que se terminarán de pagar este año. Se vendía en el mercado por menos de 5, pero Soria esperó a que lo comprara el empresario Santiago Santana Cazorla para recomprarlo el Ayuntamiento tras un concurso a la medida y tras un viaje relámpago a Suiza de su concejal de Hacienda, Curro Fernández Roca.

Torres del Canódromo: Soria permitió que un empresario, el asturiano Eduardo Fernández, dueño de Inprocansa, firmara un convenio con el Ayuntamiento que le reportaba un pelotazo de 9 millones de euros gracias a una valoración inflada. El promotor pudo hacer la operación teniendo solo en su poder una opción de compra. El viejo canódromo había sido ofertado al Ayuntamiento por sus propietarios un poco antes por 1,5 millones de euros.

Woermann. Un viejo edificio modernista protegido fue ordenado demoler por Soria con nocturnidad y alevosía alegando que corría peligro de ruina y que en él pernoctaban personas sin techo. En su lugar se levantó el soberbio rascacielos en el que, teóricamente, iba una biblioteca pública que jamás se hizo. La alcaldesa Pepa Luzardo, que sucedió a Soria en 2003, se la cambió a la empresa pública Hecansa por una parcela en Tafira con licencia para 26 chalets.

El Mamotreto del Muelle. Empeñado en grandes gestas y edificios emblemáticos, Soria y los secuaces que durante una larga etapa tuvo el PP en la Autoridad Portuaria, quebraron la norma del catálogo de servicios en zona portuaria para construir un centro comercial desproporcionado en el muelle de Santa Catalina. Se inauguró sin licencia de apertura y ha languidecido a pesar del empuje de los cruceros hasta el punto de obligar a las administraciones a autorizar una superficie de alimentación prescrita en sus orígenes.

La bandera de la Fuente Luminosa. En uno de sus tradicionales arranques de egolatría, ya como presidente del Cabildo de Gran Canaria y sin mediar concurso, Soria se gastó 360.000 euros del erario público para levantar un mástil de 50 metros de altura para que en él lucieran la bandera de Gran Canaria o de España (según las calendas) a pesar de algunos informes que alertaban de su peligrosidad. El coste anual del mantenimiento de esta perreta es de 30.000 euros.

La Biblioteca, un insulto a la dignidad colectiva

El caso de la Biblioteca Pública del Estado es un ejemplo más del desprecio por la legalidad que ha presidido muchos actos políticos de José Manuel Soria. Advertido formalmente por los técnicos municipales, Soria y su concejal de Urbanismo, a la sazón Jorge Rodríguez (acusado en el caso Grupo Europa, pendiente en estos momentos de sentencia) otorgaron licencia para su construcción contraviniendo prescripciones urbanísticas severas, invadiendo espacio verde y desoyendo la amenaza evidente de los vecinos del edificio cercano que, a la postre, se han alzado con un triunfo judicial inapelable. Ya es grave que un alcalde y su concejal de Urbanismo se salten las advertencias de sus más cualificados técnicos; ya es grave que, a sabiendas de un perjuicio a unos vecinos que desde el principio blandieron sus derechos ante la administración promotora, se siguiera adelante sin proponerles una salida airosa; pero lo que supera todos los efectos perversos de aquella actuación administrativa es el daño que ahora se inflige a una sufrida ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. La Biblioteca Pública del Estado tiene 10.000 usuarios registrados y es un punto de referencia cotidiano para la gente culturalmente inquieta de la ciudad, para los estudiantes, para los devoradores de libros, para los que aman la cultura. Su inevitable demolición supone un duro mazazo a la dignidad colectiva y una frustración para los que todavía a estas alturas siguen creyendo que hay cosas que los políticos hacen bien. Porque con su inveterada negligencia en la gestión de lo público, Soria es capaz de transformar una buena iniciativa en una auténtica calamidad.

Los paganinis de siempre

La sentencia del Supremo, que viene a ratificar que la Biblioteca Pública del Estado es urbanísticamente ilegal e ilegalizable, también dice que no cabe de ninguna manera esquivar el derribo ni siquiera alcanzando un acuerdo con los vecinos perjudicados, a los que algunos quisieron colgar este lunes las culpas de todo este desaguisado. El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, concejal durante años en la Corporación que presidía Soria, se ha limitado a insinuar que no piensa ejecutar la sentencia, que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional, seguramente invocando lo que el ponente del Supremo ha descartado: que por tratarse de una dotación pública tan sensible como una biblioteca, cabría hacer una excepción. El Constitucional está para revisar la posible vulneración de derechos durante el proceso judicial, y lo que parece claro es que los derechos vulnerados fueron, en todo caso, los de los vecinos que demandaron y, en segundo lugar, los derechos de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que por la negligencia municipal perderán una biblioteca y el dinero que va a costar a todos los contribuyentes su demolición. Porque descartamos de antemano que a algún grupo político se le pueda ocurrir exigir al actual grupo de gobierno la apertura de un expediente de exigencia de responsabilidades patrimoniales a los funcionarios y cargos públicos que tuvieron que ver con este nuevo desgarro a los intereses generales. Los plazos, por si creen lo contrario, empezaron a contar este lunes, con la publicación de la sentencia definitiva que ordena la demolición. Pero siendo grave el quebranto económico que se avecina para el Ayuntamiento, lo peor es la pérdida de una instalación pública necesaria y celebrada por sus usuarios y la frustración colectiva que supone que, además, tendremos que volver a ser los paganinis.

Soria pide respeto a las resoluciones del Supremo

El destino, que es muy puñetero, especialmente para los que juegan con él y con la frágil memoria de la sociedad, quiso que en alguna emisora de radio se pudiera escuchar este mismo martes a José Manuel Soria exigiendo a sus adversarios políticos que respeten las resoluciones del Tribunal Supremo. Por supuesto, no se refería a esta sentencia sobre la Biblioteca Pública del Estado, sino a la que rechazó los recursos de las administraciones canarias contra la convalidación de los permisos que el mismo ministro realizó mediante un real decreto de 2012 resucitando los que habían quedado anulados a principios de siglo. Soria es ejemplo vivo de la doctrina del fonil, consistente en colocar siempre de su lado la parte ancha del artilugio y dejar la estrecha para el resto de la humanidad. Si fuera aficionado a la legalidad y temeroso de las consecuencias de su vulneración para el interés general que constantemente invoca, debió haber hecho caso a los técnicos municipales, particularmente al jefe del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que le advirtió de que la licencia concedida como se concedió era una absoluta ilegalidad, como han confirmado sucesivas sentencias judiciales.

Dulce Xerach defiende el Mamotreto

El mismo destino ha querido que esta misma semana conociéramos, a través de su blog, que una política en la reserva, Dulce Xerach López, quien fuera viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, es partidaria de amnistiar los edificios públicos emblemáticos, a ser posible firmados por arquitectos estrella, aunque durante su tramitación y construcción se haya vulnerado la ley. En concreto, Dulce Xerach, que de este modo se incorpora al debate político que tenía abandonado últimamente, defiende la permanencia del Mamotreto en la playa de Las Teresitas. “Propongo terminarlo, que además es más barato y tiene el sentido común de su parte, que incluye saber con certeza que es un sinsentido -y más en los momentos de crisis que estamos viviendo- tirar un montón de cientos de miles de euros a la basura cuando además sabemos que las manos técnicas en las que estamos (los que diseñaron el proyecto) son de lo mejor”. Casada con un arquitecto, Fernando Menis, Dulce Xerach se muestra admirada por la obra de Perrault, “que ha sido capaz de crear nuevos paisajes emblemáticos en un montón de lugares y quien se merece el respeto de todos”. El debate sobre la legalidad del edificio, sin embargo, se lo despacha la autora con una frase: “La misma concesión de Costas se cuida de no decir en ningún momento que [las obras son ilegales”.