Lo que es evidente es que un Ayuntamiento como el de Arrecife no puede estar al chantaje o al capricho de un empresario que unilateralmente haya fijado el precio de su propiedad sin más criterio que el suyo propio. Para evitar otro Tebeto habrán de hacerse cuantos informes sean precisos, tanto por encargo del Ayuntamiento como por parte de la Dirección General de Costas. Que se busquen expertos independientes, que se someta cada metro cuadrado, cada centímetro de protección al imperio de la ley y a las valoraciones oficiales imperantes. Porque los criterios de Cortezo han ido variando, quizás en base a sus necesidades de tesorería, de 60 millones a 800, para luego descender generosamente a los 300 actuales. Con el paraje natural de Güi Güi pretendió hacer la misma operación y empezó pidiendo 40 millones. El Cabildo grancanario, destinatario de las pretensiones, le contestó que de eso nada, monada, que ese suelo no vale más de 5 millones. Y ahí sigue, en manos del promotor inmobiliario.