Canarias quiere ir más rápido que nadie en la lucha contra la crisis climática mientras fomenta el gasto en carreteras

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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Canarias quiere acelerar la transición ecológica y convertirse en la primera comunidad española y una de las primeras regiones europeas en descarbonizar su territorio. La intención es que toda la energía consumida provenga de fuentes renovables para 2040, mientras que la Unión Europea y la ONU han marcado en rojo el año 2050.

El 15% de la población canaria vive expuesta al ruido excesivo del tráfico por carretera

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El Archipiélago no ha parado de presentar en los últimos meses planes, programas y hojas de ruta que definirán el paso en el futuro próximo. No tanto de aquí a 2030, sino especialmente en la década posterior, cuando se prevé que la implantación de renovables se triplique en un corto periodo de diez años.

Pero mientras la lupa está puesta sobre la energía eólica marina, la geotermia o la renovación del parque de vehículos, el Gobierno regional, a juicio de los expertos consultados, camina en dirección contraria a sus propios objetivos de sostenibilidad anunciando inversiones récord en carreteras, como así ha celebrado el PSOE.

Hace unas semanas, la secretaria de Organización de los socialistas en el Archipiélago, Nira Fierro, ensalzó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y el Estado para desatascar el convenio de carreteras, “una de las mejores noticias de esta legislatura” que pone fin al litigio entre ambas instituciones y regará con más de 400 millones de euros las arcas canarias.

Según Fierro, esta inyección de dinero ayudará a que las Islas impulsen el gasto en infraestructuras viarias hasta alcanzar los 240 millones de euros anuales, una cifra “sin precedentes” en la comunidad. El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha dicho que los recursos pendientes se destinarán principalmente en 2026 y 2027.

En el Parlamento de Canarias, tanto el grupo de gobierno como la oposición se han echado en cara haber tardado alrededor de diez años en resolver el conflicto del convenio de carreteras, que surgió debido a un tijeretazo del Ejecutivo nacional, liderado por entonces por Mariano Rajoy, con respecto al anterior pacto de autopistas y vías (2006-2017). Sin embargo, no hubo ninguna voz crítica en cuanto a la idoneidad de los proyectos anunciados.

No hubo discusiones sobre si la nueva autovía que pretende aliviar el tráfico de la TF-5, en Tenerife, es lo acertado; sobre si el trazado de una carretera en la costa de La Palma tras el volcán, cuyo plan ha sido denunciado en la Fiscalía por presunto conflicto de intereses con la familia del presidente del Cabildo insular, viene a cuento; sobre si los casi 48 millones de euros proyectados en La Gomera en este ámbito tienen sentido.

En total, según los datos que maneja el Gobierno de Canarias, hay presupuestados 1.815 millones de euros en infraestructuras viarias, aunque no se detalla el tiempo de ejecución. Para que nos hagamos una idea, es como si uno de cada cinco euros de las cuentas autonómicas de 2021 se destinara a carreteras, ya sea por mantenimiento o construcción.

El importe no suscitaría críticas de no ser porque el Archipiélago ya es una de las comunidades con mayor densidad de carreteras con 55,5 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, según la última actualización del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Solo Galicia (59,93) y País Vasco (57,33) están por delante.

“Con más carreteras, lo que consigues es tener más coches circulando. Y aunque esos vehículos sean eléctricos, la producción de automóviles todavía emite muchos gases contaminantes”, apunta por teléfono Mark J. Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto Global de Salud de Barcelona (ISGlobal).

“[El gasto en carreteras] se basa en modelos económicos. A menudo, los departamentos de finanzas consideran que construirlas genera actividad y un mayor PIB para el país o región”, continúa el experto, líder mundial en evaluación de exposición ambiental. “Pero lo que no hacen es analizar los costes externos para las personas o el medio ambiente”. Esta misma semana, el Gobierno de Canarias ha revelado que el 15,25% de la población residente, unos 342.700 canarios, vive expuesta al ruido excesivo del tráfico rodado.

A pesar de los avisos de ambientólogos y científicos, la política del Ejecutivo regional no es nueva. Según han documentado la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Canarias vivió su particular apogeo en inversiones en infraestructuras viarias entre finales y principios de siglo, llegando a alcanzar los 254 millones en el año 2000.

Ambas organizaciones concluyen que las dotaciones relativas en “equipo de transporte” y “construcción no residencial” han sido mayores en el Archipiélago que su dimensión económica. En 2005, David Ramos Pérez, canario y profesor de Geografía Humana en la Universidad de Salamanca (USAL), escribió un artículo donde destacaba que “la política de transportes” en las Islas “se ha ceñido casi exclusivamente a una inversión masiva en carreteras”. 17 años más tarde, se sorprende con que esto siga siendo un debate.

“Estamos en 2022, donde el cambio de paradigma es total en el ámbito europeo sobre este tipo de cuestiones, y nosotros seguimos con el mismo modelo”, analiza. La ONU ha pedido “cambios transformativos” en el transporte, considera que son necesarias “modificaciones sistémicas que conduzcan a la reducción de la demanda” del vehículo y recuerda que la penetración del coche eléctrico no es la panacea.

De hecho, un estudio recién salido del horno, publicado por dos investigadores tinerfeños, sugiere que si no se modifican las proyecciones actuales sobre el avance del automóvil eléctrico, hay un “potencial limitado para alcanzar los objetivos correspondientes de la política energética” para el año 2030, cuando se espera que las renovables generen un 37% de la energía consumida en Canarias.

Otros expertos, como José Ángel Hernández, del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), estiman un “problema de congestión bastante importante” en las próximas décadas. Diversos estudios han evidenciado que los coches de combustión fósil cada vez aguantan más y que la presión para introducir el vehículo eléctrico se está multiplicando.

Canarias presenta una tasa de 0,8 automóviles por habitante, la tercera autonomía en la tabla por detrás de Baleares (0,9) y Castilla y León (0,91), lo que nos deja la siguiente imagen: si todos los coches estuvieran circulando al mismo tiempo, habría cerca de 100 por cada kilómetro de carretera. No hay espacio para todos.

Además, lo más plausible es que ese valor se incremente. Porque construir nuevas autopistas para descongestionar el tráfico provoca el efecto contrario, como así ratifican varias investigaciones. Los expertos lo denominan el efecto de la demanda inducida.

“Cuanto tú abaratas un bien, lo que haces es que haya más consumo de ese bien”, explica Miguel Álvarez, ingeniero de caminos y miembro de Nación Rotonda, un proyecto de divulgación especializado en urbanismo, ordenación del territorio y movilidad. “Si antes tardabas 40 minutos en llegar a un punto, ahora que se inaugura un carril piensas que vas a tardar 20. Así van añadiéndose coches y vuelve a instaurarse, digamos, un equilibrio”.

El ejemplo más clásico, prosigue Álvarez, es la autopista Katy Freeway, en Houston, Estados Unidos, que cuenta con más de 25 carriles en total. “Cuando aumentas el número de vías, lo que estás haciendo es abaratar el uso del coche en términos de tiempo”, remacha. En Tenerife, un proyecto que costará 380 millones de euros pretende exactamente esto: reducir el eterno problema de los atascos añadiendo más carreteras.

Más allá de las intenciones del Gobierno canario o de la ciencia que explica por qué más infraestructuras viarias no tienen como resultado un tráfico más fluido, el Archipiélago lamenta en estos momentos, cuando la crisis climática exige acciones valientes, el urbanismo salvaje que ha fomentado en las últimas décadas. Y que le deja en una posición poco ventajosa para la transición ecológica.

Es decir, Canarias no ha llegado a ser una de las comunidades con mayor densidad de carreteras por kilómetro cuadrado porque sí. Lo ha hecho, según recuerdan los geógrafos Ramos y Hernández, por una adopción continua de la “ciudad difusa”, esto es, poblaciones dispersas, desagregadas, con núcleos familiares por todo el territorio, cuya consecuencia directa es la dotación millonaria en la red de vías y autopistas para conectarlas entre sí.

“Hay una dispersión total del uso del suelo y al final la red viaria se ha hipertrofiado para poder llegar a todos los sitios donde tenemos una actividad económica, un servicio, una función residencial…” dice Ramos. “La ciudad difusa implica fundamentalmente una mayor dependencia de la movilidad motorizada. Además, en esos entornos de baja densidad demográfica, es muy difícil y mínimamente rentable implantar el transporte público”, agrega Hernández.

Esta realidad, difícil de revertir en poco tiempo, nos deja en un escenario “de fragilidad y de notable dificultad para afrontar los cambios que necesita la lucha contra el cambio climático”, concuerdan ambos expertos. Cabe recordar que el transporte se corresponde con casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, según revela el último anuario energético de la comunidad. 

Canarias quiere acelerar la transición ecológica y convertirse en la primera comunidad española y una de las primeras regiones europeas en descarbonizar su territorio. La intención es que toda la energía consumida provenga de fuentes renovables para 2040, mientras que la Unión Europea y la ONU han marcado en rojo el año 2050.

El 15% de la población canaria vive expuesta al ruido excesivo del tráfico por carretera

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El Archipiélago no ha parado de presentar en los últimos meses planes, programas y hojas de ruta que definirán el paso en el futuro próximo. No tanto de aquí a 2030, sino especialmente en la década posterior, cuando se prevé que la implantación de renovables se triplique en un corto periodo de diez años.

Pero mientras la lupa está puesta sobre la energía eólica marina, la geotermia o la renovación del parque de vehículos, el Gobierno regional, a juicio de los expertos consultados, camina en dirección contraria a sus propios objetivos de sostenibilidad anunciando inversiones récord en carreteras, como así ha celebrado el PSOE.

Hace unas semanas, la secretaria de Organización de los socialistas en el Archipiélago, Nira Fierro, ensalzó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y el Estado para desatascar el convenio de carreteras, “una de las mejores noticias de esta legislatura” que pone fin al litigio entre ambas instituciones y regará con más de 400 millones de euros las arcas canarias.

Según Fierro, esta inyección de dinero ayudará a que las Islas impulsen el gasto en infraestructuras viarias hasta alcanzar los 240 millones de euros anuales, una cifra “sin precedentes” en la comunidad. El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha dicho que los recursos pendientes se destinarán principalmente en 2026 y 2027.

En el Parlamento de Canarias, tanto el grupo de gobierno como la oposición se han echado en cara haber tardado alrededor de diez años en resolver el conflicto del convenio de carreteras, que surgió debido a un tijeretazo del Ejecutivo nacional, liderado por entonces por Mariano Rajoy, con respecto al anterior pacto de autopistas y vías (2006-2017). Sin embargo, no hubo ninguna voz crítica en cuanto a la idoneidad de los proyectos anunciados.

No hubo discusiones sobre si la nueva autovía que pretende aliviar el tráfico de la TF-5, en Tenerife, es lo acertado; sobre si el trazado de una carretera en la costa de La Palma tras el volcán, cuyo plan ha sido denunciado en la Fiscalía por presunto conflicto de intereses con la familia del presidente del Cabildo insular, viene a cuento; sobre si los casi 48 millones de euros proyectados en La Gomera en este ámbito tienen sentido.

En total, según los datos que maneja el Gobierno de Canarias, hay presupuestados 1.815 millones de euros en infraestructuras viarias, aunque no se detalla el tiempo de ejecución. Para que nos hagamos una idea, es como si uno de cada cinco euros de las cuentas autonómicas de 2021 se destinara a carreteras, ya sea por mantenimiento o construcción.

El importe no suscitaría críticas de no ser porque el Archipiélago ya es una de las comunidades con mayor densidad de carreteras con 55,5 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, según la última actualización del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Solo Galicia (59,93) y País Vasco (57,33) están por delante.

“Con más carreteras, lo que consigues es tener más coches circulando. Y aunque esos vehículos sean eléctricos, la producción de automóviles todavía emite muchos gases contaminantes”, apunta por teléfono Mark J. Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto Global de Salud de Barcelona (ISGlobal).

“[El gasto en carreteras] se basa en modelos económicos. A menudo, los departamentos de finanzas consideran que construirlas genera actividad y un mayor PIB para el país o región”, continúa el experto, líder mundial en evaluación de exposición ambiental. “Pero lo que no hacen es analizar los costes externos para las personas o el medio ambiente”. Esta misma semana, el Gobierno de Canarias ha revelado que el 15,25% de la población residente, unos 342.700 canarios, vive expuesta al ruido excesivo del tráfico rodado.

A pesar de los avisos de ambientólogos y científicos, la política del Ejecutivo regional no es nueva. Según han documentado la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Canarias vivió su particular apogeo en inversiones en infraestructuras viarias entre finales y principios de siglo, llegando a alcanzar los 254 millones en el año 2000.

Ambas organizaciones concluyen que las dotaciones relativas en “equipo de transporte” y “construcción no residencial” han sido mayores en el Archipiélago que su dimensión económica. En 2005, David Ramos Pérez, canario y profesor de Geografía Humana en la Universidad de Salamanca (USAL), escribió un artículo donde destacaba que “la política de transportes” en las Islas “se ha ceñido casi exclusivamente a una inversión masiva en carreteras”. 17 años más tarde, se sorprende con que esto siga siendo un debate.

“Estamos en 2022, donde el cambio de paradigma es total en el ámbito europeo sobre este tipo de cuestiones, y nosotros seguimos con el mismo modelo”, analiza. La ONU ha pedido “cambios transformativos” en el transporte, considera que son necesarias “modificaciones sistémicas que conduzcan a la reducción de la demanda” del vehículo y recuerda que la penetración del coche eléctrico no es la panacea.

De hecho, un estudio recién salido del horno, publicado por dos investigadores tinerfeños, sugiere que si no se modifican las proyecciones actuales sobre el avance del automóvil eléctrico, hay un “potencial limitado para alcanzar los objetivos correspondientes de la política energética” para el año 2030, cuando se espera que las renovables generen un 37% de la energía consumida en Canarias.

Otros expertos, como José Ángel Hernández, del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), estiman un “problema de congestión bastante importante” en las próximas décadas. Diversos estudios han evidenciado que los coches de combustión fósil cada vez aguantan más y que la presión para introducir el vehículo eléctrico se está multiplicando.

Canarias presenta una tasa de 0,8 automóviles por habitante, la tercera autonomía en la tabla por detrás de Baleares (0,9) y Castilla y León (0,91), lo que nos deja la siguiente imagen: si todos los coches estuvieran circulando al mismo tiempo, habría cerca de 100 por cada kilómetro de carretera. No hay espacio para todos.

Además, lo más plausible es que ese valor se incremente. Porque construir nuevas autopistas para descongestionar el tráfico provoca el efecto contrario, como así ratifican varias investigaciones. Los expertos lo denominan el efecto de la demanda inducida.

“Cuanto tú abaratas un bien, lo que haces es que haya más consumo de ese bien”, explica Miguel Álvarez, ingeniero de caminos y miembro de Nación Rotonda, un proyecto de divulgación especializado en urbanismo, ordenación del territorio y movilidad. “Si antes tardabas 40 minutos en llegar a un punto, ahora que se inaugura un carril piensas que vas a tardar 20. Así van añadiéndose coches y vuelve a instaurarse, digamos, un equilibrio”.

El ejemplo más clásico, prosigue Álvarez, es la autopista Katy Freeway, en Houston, Estados Unidos, que cuenta con más de 25 carriles en total. “Cuando aumentas el número de vías, lo que estás haciendo es abaratar el uso del coche en términos de tiempo”, remacha. En Tenerife, un proyecto que costará 380 millones de euros pretende exactamente esto: reducir el eterno problema de los atascos añadiendo más carreteras.

Más allá de las intenciones del Gobierno canario o de la ciencia que explica por qué más infraestructuras viarias no tienen como resultado un tráfico más fluido, el Archipiélago lamenta en estos momentos, cuando la crisis climática exige acciones valientes, el urbanismo salvaje que ha fomentado en las últimas décadas. Y que le deja en una posición poco ventajosa para la transición ecológica.

Es decir, Canarias no ha llegado a ser una de las comunidades con mayor densidad de carreteras por kilómetro cuadrado porque sí. Lo ha hecho, según recuerdan los geógrafos Ramos y Hernández, por una adopción continua de la “ciudad difusa”, esto es, poblaciones dispersas, desagregadas, con núcleos familiares por todo el territorio, cuya consecuencia directa es la dotación millonaria en la red de vías y autopistas para conectarlas entre sí.

“Hay una dispersión total del uso del suelo y al final la red viaria se ha hipertrofiado para poder llegar a todos los sitios donde tenemos una actividad económica, un servicio, una función residencial…” dice Ramos. “La ciudad difusa implica fundamentalmente una mayor dependencia de la movilidad motorizada. Además, en esos entornos de baja densidad demográfica, es muy difícil y mínimamente rentable implantar el transporte público”, agrega Hernández.

Esta realidad, difícil de revertir en poco tiempo, nos deja en un escenario “de fragilidad y de notable dificultad para afrontar los cambios que necesita la lucha contra el cambio climático”, concuerdan ambos expertos. Cabe recordar que el transporte se corresponde con casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, según revela el último anuario energético de la comunidad. 

Canarias quiere acelerar la transición ecológica y convertirse en la primera comunidad española y una de las primeras regiones europeas en descarbonizar su territorio. La intención es que toda la energía consumida provenga de fuentes renovables para 2040, mientras que la Unión Europea y la ONU han marcado en rojo el año 2050.

El 15% de la población canaria vive expuesta al ruido excesivo del tráfico por carretera

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El Archipiélago no ha parado de presentar en los últimos meses planes, programas y hojas de ruta que definirán el paso en el futuro próximo. No tanto de aquí a 2030, sino especialmente en la década posterior, cuando se prevé que la implantación de renovables se triplique en un corto periodo de diez años.