La Asociación de Vecinos de Melenara, Clavellinas y Salinetas (Meclasa) responsabiliza al Gobierno de Canarias de “falta de vigilancia acuícola” en el litoral del municipio grancanario de Telde y llama a la ciudadanía a sumarse a la petición de transparencia.
La entidad ha informado este miércoles en un comunicado de que ha presentado ante la Presidencia del Gobierno de Canarias una solicitud formal de información pública respecto de la causa del último episodio de contaminación marina que obligó, hace semanas, a cerrar cinco playas del citado municipio durante casi dos meses.
Los vecinos relacionan con las jaulas de acuicultura que operan frente al litoral de Telde los “reiterados episodios de contaminación” que han afectado desde hace año a las playas de Telde.
“Estos episodios, lejos de ser puntuales, se repiten cada año sin que la Dirección General de Pesca haya activado medidas de control, inspección o investigación, a pesar de ser la autoridad competente según el Decreto 212/2024”, denuncia Meclasa.
La asociación insiste en que la explotación acuícola Melenara 2 se encuentra situada en una zona catalogada como prohibida para esa actividad, según el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, sin que se haya ordenado su desmantelamiento pese a más de 20 años de quejas vecinales, sino al contrario, ya que se han autorizado nuevas instalaciones que incrementan la carga contaminante sobre la bahía.
Meclasa ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias y a la de Las Palmas tener acceso a la documentación obrante en las diligencias de investigación preprocesal abiertas a raíz del reciente episodio de contaminación y ha reclamado al Gobierno de Canarias una copia del plan de vigilancia aplicable, así como todos los informes, actas y documentación de inspección de los últimos dos años.
Los vecinos critican que, “hasta la fecha, ninguna administración ha facilitado esta información, vulnerando el derecho ciudadano de acceso a la información pública”.
A juicio de Meclasa, “la reiteración de episodios contaminantes, la falta de inspecciones documentadas y la ausencia de activación de protocolos podrían constituir infracciones administrativas graves e incluso delitos ambientales tipificados en los artículos 325 a 331 del Código Penal”.
Por ello, pide que se depuren responsabilidades políticas y administrativas, incluyendo el cese del consejero autonómico de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y del Director General de Pesca, Esteban Reyes, por la presunta omisión de sus deberes de vigilancia y control.