Canarias se sitúa entre las regiones con menos contratos a discapacitados
Canarias, Extremadura, Madrid, Andalucía y País Vasco son las comunidades que menos cumplen la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que obliga a las empresas con más de cincuenta empleados a reservar un cupo del dos por ciento de su plantilla para trabajadores con discapacidad.
Según el Observatorio para la mejora de la equiparación laboral de las personas con discapacidad elaborado por la Fundación Equipara, en España hay más de 35.800 empresas obligadas a cumplir la LISMI pero su cumplimiento es “muy escaso”.
Para esta Fundación, la falta de cumplimiento del cupo de reserva se debe a las dificultades que este colectivo tiene para acceder al mercado laboral, a la insuficiente formación que reciben, a la escasa concienciación social y empresarial y a la falta de comunicación entre los agentes que participan en la inserción.
Según una encuesta realizada en 1.319 empresas de más de cincuenta empleados, el 82 por ciento conoce el contenido de la LISMI, aunque muchas de ellas “superficialmente”, y el 18 por ciento restante la desconoce.
Entre los que conocen algo de la LISMI, cuatro de cada diez empresarios cree que tiene que reservar entre el dos y el tres por ciento de la plantilla a los discapacitados y casi dos de cada diez saben que están obligados a reservar un porcentaje para este colectivo pero no saben cuál.
Además, el 16 por ciento cree que la norma es para “ayudar” a integrar a los discapacitados en el mundo laboral, el 15 por ciento sabe que debe reservar el dos por ciento de la plantilla a este colectivo, el 13 por ciento considera que sólo tiene que adaptar los puestos de trabajo y el 10 por ciento cree que tiene que poner en marcha medidas alternativas para cumplir la ley.
Por comunidades autónomas, según la encuesta de la Fundación Equipara, las comunidades que menos cumplen la ley son las de Canarias (6 por ciento), Extremadura y Madrid (8 por ciento) y el País Vasco y Andalucía (9 por ciento).
Por el contrario, las que más grado de cumplimiento presentan son: Murcia (40 por ciento), La Rioja (34 por ciento), Galicia (29), Castilla y León (18), y Castilla-La Mancha (17).
Con un grado de cumplimiento intermedio están: Cataluña y Asturias (11 por ciento), Cantabria y Navarra (14), Aragón y Comunidad Valenciana (15) y Baleares (16).
Los empresarios contratan discapacitados porque “trabajan igual” (77 por ciento), por cumplir la ley (54%), por compromiso social (16), porque ya trabajaban en la empresa (11), por las subvenciones (10), porque la discapacidad surgió en la empresa (9), porque da buena imagen (8), porque pasaron la prueba de selección (7) o porque su contrato supone una rebaja de las cuotas de la Seguridad Social.
Además, el 60 por ciento de los que contratan discapacitados dicen que hacen bien su trabajo, que cumplen como los demás (34), que no dan problemas (7), o que son responsables (4).
Los que no contratan discapacitados, lo hacen porque es difícil encontrar personas válidas (76 por ciento), porque no se lo plantean (34), porque ya cumplen con medidas alternativas (18), porque no necesitan más personal (8), porque la burocracia es “compleja” (5) o porque no han recibido solicitudes de discapacitados.
Por último, el informe advierte que fallan las sanciones por el incumplimiento de la ley, que sólo una de cada cuatro empresas ha sido inspeccionada por Trabajo, que la norma no distingue entre tipos y grados de discapacidad, que hay poca adaptación de los puestos de trabajo y que diferencias muy notables entre regiones en la aplicación de la ley.
