Domingo Berriel acusa al PSOE de alentar el ''fundamentalismo'' en Granadilla
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró durante su comparecencia en el pleno del Parlamento autonómico que no se puede alentar con “un doble lenguaje” el fundamentalismo para que se imponga el criterio de una minoría “a pesar del perjuicio de una mayoría”.
De este modo, el consejero dudó de la posición que mantiene el PSOE al respecto de la construcción del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. “No me queda claro y si está a favor o no. ¿Qué es lo que usted quiere?”, le dijo al portavoz socialista Santiago Pérez.
Berriel recordó que ya en enero de 2009 informó en el Parlamento de Canarias sobre la descatalogación de la seba (Cymonodea Nodosa) e insistió en que el puerto de Granadilla cuenta con el respaldo de todas las administraciones.
El consejero aseguró además que la infraestructura ha sido sometida a los controles ambientales más exigentes conocidos en la Unión Europea. “Antes del comienzo de las obras se acordó la creación de un observatorio para que hiciese un seguimiento”, añadió.
De igual forma enumeró las medidas ambientales compensatorias para la construcción del puerto al tiempo que subrayó que “la especie supera los umbrales para estar descatalogada en cualquiera de las categorías de amenazada”.
En este punto indicó que de las medidas que se han llevado en la zona, entre otras, destaca la evaluación de la tortuga Caretta Caretta y la realización del proyecto de restauración en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) Montaña Roja.
Aquí aprovechó para decir que en 1985 el Cabildo tinerfeño gobernado por el PSOE solicitó la construcción del puerto. Se preguntó por dónde estaría ubicado éste ya que “los puertos se hacen en el mar”. Berriel repitió que la descatalogación estuvo fundamentada en informes técnicos y jurídicos.
“El auto del TSJC no prejuzga el fondo”, insistió Berriel que expuso que la decisión le merece el “máximo respeto”, aunque dejó abierta la posibilidad de acudir a un recurso de casación. “Existen argumentos para aclarar la verdadera repercusión medioambiental y ya se ha dado orden este mismo miércoles sobre clarificar la escasa repercusión a la especie y adecuación”, resumió.
Informes privados no contrastados
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, indicó que solicitó la comparecencia dos semanas antes de que el Gobierno “descatalogase” la seba (Cymonodea Nodosa) en el sur de Tenerife. “Tramitaba un expediente a petición de la Autoridad Portuaria”, añadió Pérez que insistió que quería que se hablase del documento tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspendió dicha Orden.
Pérez señaló que el expediente se fundamentó en un informe privado y que no se contrastó. “Siempre se habla de la solvencia de la empresa y no del fondo del informe”, añadió el diputado que afirmó que “se ha intentado revestir de legalidad una decisión tomada de antemano”. “No es la primera vez señor consejero que el Gobierno fuerza la legalidad medioambiental para proyectos cuya utilidad puede ser real, pero discutible”, le dijo a Berriel.
El diputado del PSOE expuso que se han creado en la ciudadanía “ciertas dudas” y abogó por el derecho de ésta a ser informado y a participar “en la toma de decisiones antes de aprobar una infraestructura y acceder a los tribunales”. Aquí puntualizó que se ha intentado vulnerar esto último buscando que la ONG abonase una “fianza prohibitiva”.
De igual forma, Pérez recordó el discurso de investidura del ex presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en el que abogaba por “mejorar las carreteras y la planta alojativa turística” existente. “La metodología del Ejecutivo hace muy difícil el acuerdo”, dijo Pérez que añadió que se trata de “inversiones muy cuantiosas”. Asimismo deseó un “amplio consenso”.
Pérez recordó que su partido “nunca” ha discutido la construcción de un puerto. “Con el cambio del tiempo han aparecido nuevas inquietudes que están plasmadas en los discursos del oficionalismo, pero para algunos el pluralismo resulta incómodo”, subrayó. En esta línea recalcó que si se quiere analizar el coste de no construir el puerto debe hacerse de una forma “seria”.
“Apuremos todas las garantías y no recortemos la realidad por donde conviene”, afirmó Pérez para proseguir diciendo que no se debe “desdeñar” a la comunidad científica. “El TSJC opta por mantener la suspensión porque no le ha gustado la forma de actuar el Gobierno de Canarias”, recalcó el portavoz del PSOE.
Nuevo informe
El parlamentario deseó que el Gobierno de Canarias realice un estudio “a veinte años vista” sobre la posible regresión que sufrirá los sebadales debido a la implantación de la acuicultura y los puertos deportivos. Aquí recordó que en 2003, se modificó un primer planteamiento de que el puerto de Granadilla iba a ser el principal.
“Le atribuyo una responsabilidad importante señor consejero en cómo ha quedado el auto, que es una mera vestimenta procedimental. Se podrá arropar en los que quieren que se haga como sea y así no es como se hacen las cosas. No somos el puerto de atrás de la UE y compartimos sus garantías y valores. No queremos cualquier puerto como sea ni tampoco estamos con los que se empeñen en que en Granadilla no conviene una infraestructura portuaria”, resumió.
Y al final aparecieron las cebas
El diputado del PP, Manuel Fernández, dijo que el puerto de Granadilla “no es una cosa nueva y que se lleva gestando 30 años”. “Lo que ocurre es lo de siempre”, se lamentó el popular que con tono de hartazgo habló de renuncias, denuncias, etc. “Cuando estaba todo listo aparecen las cebas”, concluyó Fernández.
El parlamentario también dijo que hay quienes creen más a los expertos de Madrid que a los de Canarias. “¿Cuál es el problema? No he visto ningún proyecto con más avales institucionales”, insistió Fernández que se preguntó por el nombre de quiénes están en contra del puerto de Granadilla. “Son un grupo de ecologistas, una parte de Izquierda Unida y algún socialista perdido”, se respondió al tiempo que dejó en el aire dónde está la democracia.
De igual forma defendió distintas infraestructuras como la autopista del norte en Tenerife o el aeropuerto del Sur. También dudó de que 100.000 personas protestasen por el tendido eléctrico de Vilaflor y aseguró que “cien millones de euros al año” cuesta el retraso de usar el fuel en lugar del gas. Por último abogó por impulsar el puerto de Granadilla en pro del empleo en Canarias y concluyó que “no hay impedimento real” para que no se comiencen los trabajos.
Por último, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, planteó que “hay que hacer una reflexión sobre el coste medioambiental de no hacer el puerto de Granadilla”. “Si no se hace hay 300 camiones en la autopista todos los días, dióxido de carbono, imposibilidad de una planta de gas en Santa Cruz, los problemas a la vida y a las personas”, añadió.
El nacionalista abogó por “minimizar los efectos” al tiempo que aseguró que no sabe “cómo alguien puede estar en contra”. “La ceba no está incluida en el catálogo nacional, ni en la norma internacional europea, etc”, expuso también para continuar diciendo que sólo está protegida en un Decreto del Gobierno de Canarias.
