240 millones para un proyecto que tendrá perjuicios medioambientales
El proyectado puerto de Granadilla costará 240 millones de euros y tendrá perjuicios medioambientales, según ha reconocido la Comisión Europea, por lo que ha condicionado lo que considera su necesaria construcción a la aplicación de medidas ambientales compensatorias.
Según el dictamen de la Comisión, hecho público el 6 de noviembre y que fue adoptado tras las quejas de los grupos ecologistas, pese a las afecciones medioambientales que tendrá sobre los sebadales del sur de la isla y las dunas de Montaña Roja, el puerto se justifica por “razones imperiosas de interés público de primer orden” y por la falta de alternativas.
“Está justificada la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad portuaria para fomentar el desarrollo económico y social de la isla y de la región circundante”, estima la Comisión, que aceptó los argumentos de las autoridades españolas frente a las quejas ecologistas “siempre que se garanticen las medidas compensatorias adecuadas”.
El proyecto final incluye un rompeolas de 2,5 kilómetros de longitud y de hasta 55 metros de profundidad, así como el relleno total de 786.000 metros cuadrados con la utilización de doce millones de metros cúbicos de material de cantera.
Las instalaciones portuarias tendrán una terminal de contenedores de 650 metros de longitud y una superficie de 26 hectáreas, un muelle de 200 metros para mercancías en general, con una superficie adjunta de 5,7 hectáreas, y una zona portuaria comercial de 19,5 hectáreas.
Habrá además una zona terrestre contigua de 12,4 hectáreas para el desarrollo de actividades logísticas y otra de 15 hectáreas para instalar una central de gas natural.
En total, es una obra superará los 240 millones de euros y su primera fase, el dique exterior, estaba pendiente de que la Comisión se pronunciara para adjudicarlo por unos 160 millones.
Medidas compensatorias
La Comisión reconoció en su dictamen que el puerto afectará a los lugares de importancia comunitaria (LIC) Sebadales del sur de Tenerife -bancos de arena en aguas poco profundas necesarios para la conservación de la tortuga “Caretta caretta”- a la Montaña Roja, dunas costeras fijas con vegetación herbácea.
También afecta el proyecto a una planta endémica de Canarias, la Atractylis preauxiana.
Pero las medidas compensatorias propuestas por las autoridades españolas, cuyo seguimiento y aplicación establece de manera estricta la Comisión, lleva al gobierno europeo a concluir que “a largo plazo, la coherencia general de la red Natura 2000 no se verá afectada de manera apreciable”.
Una de las principales afecciones del puerto será la interrupción del flujo natural de arrastre de arena desde la parte norte a la sur, donde está la Montaña Roja, un volumen calculado en 50.000 metros cúbicos al año.
Las autoridades españolas han propuesto recoger la arena depositada en la parte septentrional y, mediante un sistema de bombeo y canalización accionado por energía eólica, trasvasarla al sur.
Este sistema de trasvase “constituye una parte esencial del proyecto portuario” para la Comisión Europea, según advierte la resolución comunitaria.
Ante estas afecciones medioambientales, la Comisión se cuestiona si existen alternativas, como la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife que defienden los ecologistas.
Pero la Comisión descarta esta opción por el impacto negativo sobre los habitantes de la capital de la isla, porque no hay canteras en las proximidades, porque no habría terreno para desarrollar las instalaciones logísticas e industriales, porque produciría más desequilibrio entre el norte y el sur en el sistema de transportes y porque no se podría instalar una terminal de almacenamiento de gas natural.
Entre las medidas que establece la Comisión Europea está el establecimiento de “una fundación independiente y permanente antes de que comiencen las obras” para garantizar la aplicación de las medidas correctoras.
Las medidas compensatorias incluyen la declaración de un nuevo LIC de 0,93 hectáreas en la zona del parque industrial de Granadilla, la declaración de otros dos nuevos LIC en Antequera, al norte de Tenerife, y Güi Güi, en Gran Canaria, un programa de seguimiento de la población de tortugas y un proyecto de restauración en Montaña Roja.
