El PP acudirá a los tribunales si el Congreso no investiga la opa a Endesa
“No queremos judicializar estos temas, pero si no se constituye la comisión de investigación iremos a los tribunales”, donde “veremos desfilar”, si no es posible que acudan al Congreso de los Diputados, a los altos cargos no aforados, dijo Arias Cañete durante su intervención en la Comisión de Economía del Parlamento ante la que compareció el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El vicepresidente compareció en el Congreso para explicar, entre otros asuntos, la actuación del Gobierno en las opas de Gas Natural y E.On sobre Endesa, pero la retirada de ambas ofertas desplazó las intervenciones de los grupos hacia la opa que Enel y Acciona presentaron por la eléctrica la semana pasada.
Según Arias Cañete, la comisión de investigación, en caso de constituirse, debería analizar, entre otros asuntos, “el pacto de Ibiza”, las reuniones entre el asesor económico del presidente del Gobierno, David Taguas, y el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, y la actuación de los organismos supervisores afectados: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Para el PP, la CNMV debió sancionar a Enel y Acciona por tomar una participación significativa en Endesa y forzarles a presentar una opa competidora de la de E.ON, en vez de permitir a la alemana dejar subir el precio y prohibir a la eléctrica italiana y la constructora de la familia Entrecanales presentar su opa en un plazo de seis meses.
En caso de no optar por esta solución, el supervisor bursátil debió sancionar a Enel y Acciona con la limitación de sus derechos políticos en Endesa, dijo Arias Cañete. En este sentido, el portavoz popular pidió al ministro que adelantara si el Gobierno va a permitir a Enel ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa.
Gestión “torpe, negligente, intervencionista y desgraciada”
Solbes afirmó que es “imposible” avanzar la decisión del Gobierno, ya que antes debe recibir y estudiar el informe que elabora la CNE sobre la entrada de Enel en Endesa y las condiciones del mercado energético italiano. El ministro recordó que los anteriores gobiernos del PP permitieron a las empresas extranjeras con participación estatal que compraron compañías españolas ejercer sus derechos políticos “en todos los casos que se plantearon”.
La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del año 2000 limita los derechos de voto de las empresas extrajeras con capital público al 3%, aunque el Gobierno puede levantar esa restricción. Esta norma ha sido denunciada por la Comisión Europa (CE) ante el Tribunal de Luxemburgo.
El portavoz de CIU, Josep Sánchez Llibre, consideró que la pugna para hacerse con Endesa “empezó mal y está acabando fatal”, en referencia a la posibilidad de que la eléctrica acabe controlada por Enel y criticó la gestión “torpe, negligente, intervencionista y desgraciada” de la operación hecha por el ex ministro de Industria y actual presidente de la Generalitat, José Montilla. IU, PNV, ERC y el Grupo Mixto insistieron en que la duración del proceso desde que Gas Natural presentó la primera opa sobre Endesa, hace casi veinte meses, ha sido “excesiva” e hicieron hincapié en el “desgaste” y la “tensión” que han sufrido los organismos supervisores durante todo el periodo.
Comparación con 'Gescartera'
Por otro lado, la Mesa de la Comisión acordó que el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, comparezca el próximo martes para presentar la memoria del ente supervisor -siempre que esté terminada-.
El PP, que finalmente votó a favor de la comparecencia de Conthe, quería que la convocatoria incluyera entre sus puntos los motivos por los que el presidente del supervisor bursátil quiere dimitir. Arias Cañete comparó la situación de la CNMV con la vivida en 2001 a raíz del caso Gescartera, la agencia de valores en la que se detectó un agujero de unos 100 millones de euros, y afirmó que entonces el PSOE optó por llevar los hechos ante los tribunales.
El portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, Ricardo Torres, afirmó que las acusaciones del PP “carecen de fundamento” y consideró un “exceso” comparar la situación actual con el caso Gescartera. “Ahora no hay indicios de funcionamiento irregular de la CNMV”, mientras que en Gescartera se produjo “una situación delictiva, una estafa”, puntualizó.
