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El Consejo Insular de Energía ambiciona llegar al 60% de renovables en Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero insular de Energía, Raúl García Brink.

Macame Mesa

Las Palmas de Gran Canaria —

El Cabildo de Gran Canaria tiene previsto aprobar en el pleno que se celebrará este miércoles en la Casa Palacio el Consejo Insular de la Energía, organismo cuyo director será Leonardo Marcos y que pretende trabajar de forma coordinada con las distintas administraciones públicas canarias, la iniciativa privada y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para conseguir atender el 60% de la energía de la isla mediante fuentes renovables.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló la intención del grupo de gobierno - formado por Nueva Canarias (NC), el Partido Socialista (PSOE) y Podemos -  de contribuir a que la isla alcance las mayores cotas de soberanía energética durante el presente mandato, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la capital grancanaria.

Entre los objetivos a largo plazo, el Consejo avanzará en la consecución de la eficiencia energética del 100% de la producción de agua – como la desalación - lo que supondría un abaratamiento de los costes del 35%, incluyendo las amortizaciones necesarias para cambiar el modelo que sustenta la producción energética insular.

Para Morales, esta aprobación supone un “hecho histórico” y explica que la fórmula aplicada al Consejo le permitirá funcionar como una entidad pública que puede actuar como una sociedad mercantil. A juicio del consejero insular de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, Raúl García Brink, se trata de la figura jurídica “más eficaz para llevar a cabo políticas de carácter transversal”.

García Brink aboga por trabajar a corto plazo en eficiencia energética debido a que los planes impulsados por el Gobierno canario hasta el momento “han sido un fracaso” que ha derivado en un sistema “ineficiente”.

El presidente destaca que la entidad mantendrá funciones como la de fomentar la investigación; incentivar e impulsar las corporaciones locales en el fomento de las renovables; promover la eficiencia en el transporte y en la demanda energética de los ciudadanos, mediante la formación y la concienciación.

Además de encargar estudios socio-económicos, geotérmicos y de abaratamiento del agua de riego mediante la implantación de renovables, proyecta poner en marcha una serie de ayudas y subvenciones para la instalación de energías limpias en sectores como el turismo, la industria, el transporte y en los propios hogares de los grancanarios, para lo que el Cabildo hará uso de fondos propios.

Morales también adelanta el proyecto piloto de implantación de renovables en una depuradora y la intención del Consejo de impulsar un consorcio con la participación de 21 municipios para implantar un parque eólico en suelo público. Para conseguir esto, Morales no descarta optar al cupo eólico o participar en subastas una vez finalice el mismo. “Recurriremos a todas las fórmulas posibles”, apostilla.

Inversión cuantiosa

El organismo no solo tendrá un consejo de administración, sino uno asesor, en el que estarán representados los agentes interesados en la materia, desde movimientos vecinales y ecologistas, hasta distintas instituciones públicas. A medida de que amplíe sus ramas y los proyectos vayan desarrollándose, el Cabildo solicitará ayudas europeas y del Estado para llevarlos a cabo, indica Morales.

Las estimaciones de inversión para alcanzar el 60% de soberanía energética son “infinitas”, según el presidente y pasan por la central hidroeléctrica de Chira-Soria, cuya edificación supondrá unos 200 millones de euros.

“Las inversiones podrían ser, desde luego, cuantiosas, por lo que a partir de la propuesta tiene que participar la iniciativa privada y la pública. Este Cabildo está dispuesto a invertir, a endeudarse, a recabar fondos”, puntualiza Morales, quien asegura que lo primero que hará la el Consejo es “cuantificar el gasto de electricidad de consumo de energía de las instituciones de este cabildo y ver cómo podemos abaratarlo con la eficiencia del ahorro”. Sobre el gasto administrativo, lo cifra en unos 200.000 euros.

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