Organizaciones sociales y ecologistas rechazan la instalación de una central eléctrica flotante junto a La Isleta
Varias asociaciones ecologistas y ciudadanas han expresado este lunes su alarma y rechazo ante la instalación de una central eléctrica flotante que operaría con combustibles fósiles en el Puerto de La Luz, junto al barrio de La Isleta, una decisión que han calificado de “hipoteca ambiental y sanitaria”.
En un comunicado, Foro Por La Isleta, Guanarteme Se Mueve, Federación Ben Magec, Canarias Tiene Un Límite, Greenpeace y Salto a la Transición Ecológica, han denunciado que sólo disponen de la información publicada en medios y que, en base a ella, consideran que es “inadmisible” usar “el miedo al apagón para arrancar a la población una aceptación resignada de este buque, escudándose en un supuesto carácter temporal de emergencia”.
A su juicio, “nada garantiza que esa temporalidad no se prolongue de forma indefinida, como ya ha ocurrido con instalaciones similares en otros países”.
Las asociaciones han denunciado que el buque previsto opera con combustibles fósiles, por lo que se aleja “frontalmente” de los objetivos climáticos suscritos por Canarias, España y la Unión Europea, siendo las emisiones esperables “muy superiores a las que generarían las alternativas renovables, ya maduras y desplegables en el archipiélago”.
También han recordado el proyecto de la planta de gas natural de la empresa Totisa al criticar la ubicación, “a escasos metros de un barrio de más de 20.000 habitantes, con centro de salud, residencia de mayores, instituto, colegios y guarderías”.
Los denunciantes han indicado que “los vientos alisios dominantes del nordeste dirigirán la pluma contaminante directamente hacia tierra” al recordar que la Organización Mundial de la Salud vincula estos contaminantes con enfermedades cardiovasculares, asma, EPOC, cáncer de pulmón y mortalidad prematura.
Las asociaciones han pedido a la Administración que haga públicas las necesidades reales de generación eléctrica de Gran Canaria y por qué este buque sería la “única opción viable”, el estudio comparativo de alternativas técnicas, de impacto ambiental completo y un estudio específico de impacto sobre la salud pública, con población de referencia y centros sensibles identificados.
También han pedido la justificación económica del coste para las arcas públicas y para la factura eléctrica del consumidor canario, la duración del contrato y su fecha de caducidad vinculante, el tipo y origen del combustible, sus especificaciones, las condiciones de suministro y los planes de contingencia ante vertidos, y las condiciones contractuales completas, incluidas las penalizaciones por incumplimiento y por prolongación más allá del plazo declarado.
“La Isleta ya dijo no a la planta de Totisa. Volverá a decirlo”, han manifestado al indicar que “la salud de un barrio no puede ser la moneda de cambio de la mala planificación energética”.