Canarias llevará a los tribunales la privatización de Aena si el Estado no traspasa las competencias

La advertencia que hizo el martes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno regional, Domingo Berriel, ha sido respaldada por el Parlamento de Canarias: si fracasa la negociación política para que traspase las competencias en aeropuertos hay que apostar por la vía judicial.

Así se establece en la cuarta de las resoluciones aprobadas por la Cámara regional, con el único voto en contra del PP, en la que taxativamente se mandata al Ejecutivo que preside Paulino Rivero a iniciar “una estrategia jurídica” encaminada a “evitar la consolidación del proceso de privatización de Aena” en las Islas y, además, “obtener dicha transferencia competencial”.

Como se recordará, en la sesión parlamentaria del martes, cuando se debatió la comunicación del Gobierno regional, el consejero Berriel confesó en la tribuna de oradores que no tenía esperanzas de que la negociación política con el gabinete que preside Mariano Rajoy vaya a ser positiva, “pues la decisión tomada por el Estado es irreductible”.

“Sí confío en los tribunales”, dijo el consejero, por lo que avanzó que “vamos a ejercer nuestro derecho pese a quien pese y pediremos que se adopten todas las medidas cautelares para evitar que se privaticen los aeropuertos canarios”.

“Ni un céntimo de los aeropuertos canarios se va a vender”, aseguró el consejero, que hoy ha sido respaldado por 33 de los 54 diputados presentes en el hemiciclo.

Y es que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, más el Grupo Mixto (NC-PIL), han rechazado la “privatización del 49% de la sociedad mercantil Aena, S.A.”, que hasta el momento tenía el 100% de capital de titularidad estatal, por entender que la misma “implica un debilitamiento del interés general de la sociedad canaria”.

Una sociedad que, para el Parlamento, “queda en segundo plano frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad, poniendo en serio riesgo la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago”.

Tanto Román Rodríguez (NC) como Julio Cruz (PSC-PSOE) y José Miguel Ruano (CC) no descartaron la negociación política con el Gobierno de España, por lo que respaldaron solicitar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que convoque la Comisión Mixta de Transferencias Estado- Canarias para “la puesta en marcha de los estipulado en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía”.

Salvo el PP, los grupos que han apoyado las resoluciones insisten en que Aena pasará a ser “una sociedad mixta público-privada”, por lo que Canarias puede asumir la competencia de “ejecución de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserva su gestión directa, como sucede en el caso que nos ocupa”.

Una tesis no compartida por el PP, que en sus resoluciones rechazadas insistía en que “el proceso de privatización parcial” de Aena “garantiza la mayoría pública de la titularidad de la entidad”.

Eficiencia y competitividad

Una privatización que, a juicio de los conservadores, “preserva la unidad y cohesión” de la gestión de la red canaria de aeropuertos y “desestima la fragmentación del modelo unitario por motivos de rentabilidad”.

“El proceso de entrada parcial de capital privado en Aena aportará dinamismo y competitividad a la gestión de la sociedad”, aseguraba el PP, por lo que se favorecerá a sectores estratégicos para la economía canaria, como el turismo el transporte y el comercio.

Según los conservadores, la privatización supondrá “un incremento de la eficiencia que permitirá un sector del transporte aéreo más competitivo para la economía y más eficiente para la sociedad”.

Argumentos no admitidos por el resto de los grupos, para los que los ocho aeropuertos canarios “deben constituir un sistema aeroportuario único para garantizar su competitividad y servir a la cohesión social y territorial de Canarias”, y por tanto es conveniente que el Gobierno regional negocie con el Estado “un sistema de gestión diferenciada y única” de las infraestructuras aeroportuarias de las Islas.

Un “modelo consorciado” en el que participen los gobiernos de España y Canarias más “cabildos, ayuntamientos y organizaciones representativas de los empresarios y sindicatos”, con “específica representación” de los trabajadores de Aena.