Inés Miranda denuncia las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara
Inés Miranda Navarro, coordinadora de la misión de observación en el Sahara Occidental del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció hoy en la Universidad de La Laguna, una conferencia que formó parte del programa de la III Semana Intercultural Canarias-África que organiza el centro académico.
A juicio de la ponente, uno de los problemas más acuciantes en la zona es el “muro de silencio” existente en torno a las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades marroquíes en el Sahara Occidental, y que rara vez llegan a los medios de comunicación.
Miranda es responsable desde 2002 de la misión de observación en la que se supervisan los juicios practicados en Marruecos a activistas saharauis, sobre los cuales se han emitido varios dictámenes denunciando su desigualdad y carencia de seguridad jurídica.
Por esta labor ha sido recientemente galardonada con el Premio internacional de Derechos Humanos del Instituto de la International Bar Association (BAR) destinado a premiar la labor de los abogados que han destacado por su defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
La abogada denuncia que muchas personas son sometidas a juicio por el mero hecho de ser saharauis y participar en protestas pacíficas contra la ocupación marroquí.
En los juicios, los observadores españoles han sido testigos de cómo los jueces rechazan sistemáticamente todas las pruebas que la defensa presenta, muchas de las cuales podrían llegar a probar que el acusado ni siquiera llegó a estar en los lugares que la acusación afirma. Además, las penas por delitos como “tirar piedras” obtienen penas de 20 y más años de cárcel.
En comparación, Miranda ha podido observar que los delitos comunes son juzgados con las mínimas garantías jurídicas, aceptando las pruebas de un caso y con penas proporcionadas.
Por ejemplo, cita que asistió a un juicio por violación en el que la culpabilidad del acusado quedó probada sin duda, y fue condenado a cuatro años y medio.
Recordó para ilustrar la precaria situación un caso en el cual se acusaba a cuatro personas de haber quemado una comisaría.
Se interrogó a un policía que dijo no poder reconocer a ninguno de los inculpados como autores del hecho, por lo cual, según Miranda, el juez lo atosigó “inquisitorialmente” para forzarle a identificar a los procesados, cosa que el policía no llegó a hacer.
La abogada española tuvo conocimiento de que, días después, el agente fue represaliado mediante la expulsión del cuerpo en el que servía.
La ponente lamentó que se diera poco eco mediático a los continuos atropellos contra los derechos fundamentales de los saharauis que se dan “aquí al lado” y “no hace mucho”: el pasado domingo 10 de diciembre se celebró una marcha en la que los saharauis, al igual que sucedió en el resto del mundo, celebraron el Día de los Derechos Humanos.
La policía marroquí cargó “brutalmente” contra los manifestantes, y de eso no se ha hecho eco la prensa.
Por ello, la ponente reflexionó que el paisaje de las ciudades del Sahara Occidental es muy similar al de Irak, con tanques en las calles, incursiones de la policía en las casas, personas que desaparecen durante días y son reencontradas en un contenedor de basura con un miembro roto o denuncias de agresiones sexuales a menores durante interrogatorios.
Miranda ha sido testigo de cómo la policía ha entrado en una escuela, separado a los hijos de colonos marroquíes de los saharauis, y de cómo se ha agredido a éstos sin más.
Todo ello permite a la ponente calificar “sin ningún tipo de problemas” al Sahara Occidental como “un territorio en estado de sitio” que ha sido “ilegalmente ocupado” por Marruecos, ya que el acuerdo tripartito firmado entre Marruecos, Mauritania y España en 1975 carece de toda validez jurídica, pues ni siquiera fue publicado en el BOE.
Las críticas de Miranda también llegan a la parte española: “Aunque Marruecos actúa de hecho como administrador del Sahara, España lo sigue siendo de derecho, por mucho que el ministro de Asuntos Exteriores, y esto lo digo con todos mis respetos, quiera mirar a otro lado”.
Recordó, en ese sentido, que el Sahara Occidental es uno de los 16 territorios no autónomos reconocidos por la ONU, y que según la normativa internacional, el papel de potencia administradora sigue recayendo en España.
