La fiscalía se querella contra el presidente de la UD Las Palmas por defraudar 2 millones
El empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido imputado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de Seguridad Integral Canaria durante los años 2008 y 2009. La imputación responde a una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estima que el fraude supera los 2,3 millones de euros
La querella ha sido admitida a trámite por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, a cuyo órgano correspondió la misma por orden de reparto en el decanato de los juzgados, según adelantó la noche de este viernes en la red social Twitter el periodista Pedro Guerra. Tras la admisión a trámite, la juez ha incoado diligencias previas y citará a declarar al empresario en calidad de imputado en los próximos días.
Miguel Ángel Ramírez se mostró tranquilo al ser interrogado este viernes por Canarias Ahora. “Vamos a demostrar que no ha habido delito; se trata de una contradicción en la interpretación de la norma que rebatiremos cuando me llamen a declarar”, dijo. El empresario conocía la intención de la Agencia Tributaria de formular querella a través de la Fiscalía después de que sus asesores fiscales, el despacho de Deloitte, no alcanzara acuerdo alguno con la Hacienda Pública, pero desconocía que la querella hubiera sido admitida a trámite.
Según la información proporcionada por el periodista Pedro Guerra, que en estos momentos prepara junto a otros profesionales la salida de una publicación digital, “la querella, redactada por la responsable de la Fiscalía de Delitos Económicos del TSJC, Evangelina Ríos Dorado, nace de unas diligencias pre procesales abiertas por el Ministerio Público tras una denuncia presentada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada - Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid, que fue derivada a Canarias por un asunto de competencia”.
La querella fue interpuesta el pasado 23 de enero y admitida a trámite el 28 por la magistrada por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que se atribuyen a Miguel Ángel Ramírez en su calidad de administrador de Seguridad Integral Canaria (empresa con más de 4.500 trabajadores). Según la acción del Ministerio Público, el empresario podría haber defraudado, presuntamente, más de 2,3 millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, “particularmente realizando pagos a sus trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extraordinarias como dietas y conceptos asimilados, de modo que eludió practicar retenciones sobre gran parte de los salarios de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria”.
De esta forma, la mercantil supuestamente reducía la carga fiscal de los sueldos pagados y también reducía significativamente el coste de las cargas sociales, “puesto que las dietas están exentas de cotización a la Seguridad Social”. Todo ello, según el auto de la magistrada, “producía como consecuencia adicional, ante el ahorro en costes de personal, una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector”.
Según un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria en Canarias, la actuación de Seguridad Integral Canaria es, “desde el punto de vista tributario, más ventajosa aún para el presunto defraudador que el pago de salarios en 'B', ya que no sólo se ahorra las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social sino que además las cantidades pagadas son íntegramente deducibles del Impuesto de Sociedades”.
Además de detectar un presunto fraude de más de 2,3 millones de euros (1,2 en el ejercicio de 2008 y 1,14 en el de 2009) la Agencia Tributaria interesa también una investigación pormenorizada de ejercicios posteriores.
Miguel Ángel Ramírez fue indultado el pasado noviembre de 2013 tras haber sido condenado a tres años de prisión por un delito ambiental por unas construcciones realizadas en su chalet del barrio de La Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria.
