La acusación popular de Stratvs pide al Gobierno canario que justifique su petición de que se le impongan las costas: “Parece un acto de intimidación”

La abogada de la acusación popular del caso Stratvs, Irma Ferrer, ha solicitado este viernes a la letrada que defiende a los acusados del Gobierno de Canarias en este caso, que justifique por qué pidió este jueves responsabilidad civil subsidiaria de los socios de Transparencia Urbanística y que se impongan las costas a estas personas. “Parece un acto de intimidación”, subrayó la abogada, que recordó que el pago de las costas solo se produciría en el caso de que la sentencia sea absolutoria o que se demuestre que ha habido un acto de mala fe por parte de este colectivo. 

Ferrer ha recordado en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas que cinco ciudadanos decidieron presentar una denuncia por el caso de la bodega Stratvs por la “dejadez” que consideraban que estaba realizando el Gobierno de Canarias y que llevan quince años como acusación popular en un ejercicio de responsabilidad ciudadana en el que no han actuado en contra de ninguno de los acusados en concreto. Tan solo, matizó, estos ciudadanos han considerado que sí que debería estar acusado en la causa Juan César Muñoz Sosa, que era director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, y en ello sí que se han mantenido.

La abogada ha señalado que es conocido que el principal acusado, Juan Francisco Rosa, sí que ha llegado a decir que las personas que componen Transparencia Urbanística que “van a pagar por ello”, pero del Ejecutivo regional no lo esperaban. “Las amenazas ya no vienen por parte de los acusados sino del Gobierno de Canarias” por lo que pide que se justifique en qué aprecia la letrada que se ha producido mala fe, ya que, de lo contrario, pueden entenderlo como “un abuso de poder”. De hecho, es la única defensa que ha realizado esta solicitud expresamente este jueves cuando se anunciaron modificaciones en los escritos.

Ferrer ha insistido en que durante todos estos años ha manifestado el respeto que siente por algunas de las personas acusadas del Gobierno de Canarias, como Faustino García Márquez, ya que cree que su trayectoria le avala, pero eso no quiere decir que una persona no cometa un delito en el ejercicio de su cargo. No obstante, ha añadido que en esta causa se están juzgando unos hechos y que no es nada personal. 

“No hubo igualdad en el trato de expediente en Stratvs”

Según sostuvo la abogada de Transparencia Urbanística durante la sesión celebrada este viernes, no hubo igualdad en el trato del expediente de la bodega Stratvs. De hecho, señaló que en esta bodega no se solicitó el informe de compatibilidad con el PIOF, un procedimiento que no se saltó en otras bodegas. Una diferencia que recalcó, es que, por ejemplo, el expediente de la bodega Yuco (una ampliación en un asentamiento rural) cuenta con 140 folios y el de Stratvs con apenas 30. En esa bodega sí hubo además un informe de impacto ambiental y se acreditó la propiedad mediante escritura. 

Al igual que detalló el Ministerio Fiscal en su informe, explicó que en La Geria lo que se protege es el paisaje agrícola formado por los Hoyos y “no las bodegas industriales”. Esas bodegas, añadió, deben ubicarse en los núcleos que rodean al espacio natural. En este sentido, recordó un texto de la declaración de Lanzarote como Reserva de la Unesco que definía a La Geria como “paisaje precario, obra del campesino de Lanzarote, del hambre y de la sed… y en la que se produce sensación de aislamiento”. 

La abogada también recordó que se trata de un Espacio Natural Protegido donde sí tiene vigencia además la Zona de Especial Protección para las Aves y la Red Natura. “Desde el minuto uno, la bodega tiene uso industrial”, recalcó, “un uso que está prohibido”. Tampoco estaba permitido, destacó, la construcción de miradores o la fosa séptica por la permeabilidad del terreno, compuesto de picón. 

Así mismo habló de la influencia del empresario Juan Francisco Rosa: “Es el elefante en la habitación, no lo vemos pero nos aplasta contra las paredes”, aseguró. En este sentido, apeló a que se trata de la “omertá” o “ley del silencio” para hablar de su influencia. Se acusa a técnicos y alcaldes en otras causas y “nadie dice nada”. “En Lanzarote lo que hay es el silencio y el miedo, el silencio cómplice”.