30 años de cárcel para tres asaltantes de casas de personas mayores en La Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado las penas que suman 30 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones a una mujer y dos hombres que se dedicaban a asaltar viviendas de personas mayores en La Palma.

El alto tribunal también tiene en cuenta el agravante de que utilizaban disfraces y actuaban de noche, así como el atenuante de que uno de los miembros de la banda era toxicómano.

No obstante, se descarta que formaran una banda organizada y a uno de los detenidos inicialmente se le absuelve de todos los cargos.

Los tres condenados deberán hacer frente a una responsabilidad civil que llega a 14.500 euros y que se corresponde al dinero sustraído en las casas, a lo que sumará el valor de las joyas y objetos sustraídos que se determinará en ejecución de sentencia.

En esa cantidad se incluye el abono de los gastos médicos que pagaron los dos ancianos víctimas de los asaltos por las heridas que sufrieron durante los asaltos.

Los recursos, rechazados en su totalidad, iban en el sentido de considerar que sólo se puede hablar de robos, que era menor el tiempo empleado en cometerlos por lo que no se puede hablar de detención ilegal y que debe tenerse en cuenta el atenuante de confesión.

Durante el juicio salieron a la luz las conversaciones y mensajes que se intercambiaban entre ellos y fotografías de los lugares en los que iban a atracar, y se tuvo en cuenta las declaraciones de varios guardias civiles que llevaron a cabo la investigación.

El TJSC da por probado que a finales de 2020 la mujer constituyó este grupo al que también pertenecía otra persona que no ha sido no identificada.

Los procesados se repartían las funciones con el fin de cometer los asaltos a viviendas cuando estaban dentro sus moradores.

En septiembre de 2020, mientras la mujer vigilaba, los demás, con la cara cubierta, tocaron el timbre de una casa situada en Mazo en la que vivía un hombre de 81 años a quien tras abrir la puerta empujaron y golpearon.

Lo mismo hicieron con la hija para atarles luego a ambos las manos en la espalda mientras duraba el robo, que consistió en la sustracción de 5.000 euros en efectivo y de otros 1.000 que el anciano llevaba en la cartera.

También se apoderaron de unos 1.500 euros en joyas de la esposa a la vez que los amenazaban con “cortar dedos y levantar faldas”, consiguiendo finalmente hacerse con 8.000 euros más en efectivo y joyas.

El asalto llegó a durar unas dos horas, no 20 minutos como dijeron los condenados, tiempo en el que los habitantes de la casa permanecieron privados de libertad y atados, por lo que el anciano sufrió varias contusiones y la mujer y la hija lesiones en las muñecas.

Un mes después se dirigieron a la casa de una anciana de 89 años situada en San Andrés y Sauces donde repitieron la misma operación pero esta vez vestidos de chalecos reflectantes, logrando entrar con la excusa de que iban a analizar el agua.

Cuando estaban en la cocina se abalanzaron sobre la mujer y la inmovilizaron con cinta adhesiva, le ataron las manos con cuerdas, la tiraron y la arrastraron por el suelo, amenazándola con matar a sus sobrinos, mientras exhibían un arma de fuego.

Al final consiguieron hacerse con 500 euros y 20 décimos de la lotería de Navidad que resultaron premiados con 120 euros, joyas y un móvil, dejando a la mujer inmovilizada durante dos horas hasta que fue auxiliada.

Apenas un mes después uno de los acusados vendió parte de las joyas sustraídas en una tienda de compra de oro de Los Llanos de Aridane que luego fueron entregadas a sus propietarios.

Las sentencias de la Audiencia Provincial y del TSJC consideran probado que los asaltos eran dirigidos por la mujer que planificaba los objetivos, asignaba funciones y fijaba horarios e itinerarios, procuraba vehículos y cualquier medio que fuese necesario.

Los dos hombres llevaban a cabo de forma concreta los asaltos, accediendo a las viviendas y agrediendo e inmovilizando a sus ocupantes.

Uno de los procesados había sido condenado en su momento a tres años y medio de prisión por cometer un robo con fuerza, aunque la privación de libertad había quedado suspendida durante tres años con la condición de que no delinquiera.