El CGPJ comienza a estudiar la suspensión de Garzón
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a las 10:20 horas (insular de Canarias) de este viernes a debatir en Pleno extraordinario si procede suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo.
La sesión dio comienzo sin que, finalmente, existiera un acuerdo para que antes pudiera estudiarse, en Comisión Permanente, un posible traslado del juez al Tribunal Penal Internacional (TPI).
Hasta última hora del jueves, los vocales del denominado sector progresista del Consejo trataron de convocar una Comisión Permanente de urgencia con el fin de aprobar el traslado de Garzón al TPI, con sede en La Haya (Holanda). Esta posibilidad se vio fustrada por la negativa a celebrar la reunión por parte de los vocales Manuel Almenar y Antonio Dorado.
El Pleno extraordinario que comienza ahora tuvo que convocarse a petición de siete de los vocales de este órgano (Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gema Gallego y Antonio Montserrat), todos ellos designados a propuesta del PP e integrantes del denominado sector conservador del Consejo.
Vocales de ese sector consideran que la única salida posible es la suspensión una vez el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha sentado en el banquillo a Garzón, que acumula además otras dos querellas admitidas a trámite en el alto tribunal, por sus cobros de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco de Santander y por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
Fuentes de este sector señalaron que la suspensión es obligada en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde se establecen los supuestos de suspensión de un juez, entre ellos que se haya procedido penalmente contra él, que es el caso en el que se encuentra el juez de la Audiencia Nacional.
Debate en el pleno
Sin embargo, otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron a Europa Press que cabe la posibilidad de que durante el debate de las suspensión se plantee la posibilidad de no acordarla por el hecho de Garzón haya solicitado “apartarse” él mismo de sus funciones jurisdiccionales al aceptar una oferta de asesor en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en la Haya.
Si se acepta el traslado de Garzón, y este ya no va a seguir realizando su labor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, ya no habría razones para apartarlo de estas funciones jurisdiccionales mediante una suspensión que en todo caso es de carácter provisional, según las mismas fuentes.
En todo caso, las mismas fuentes señalaron que si Garzón es suspendido no se le podrá otorgar la situación de servicios especiales que ha solicitado para acudir al TPI, ya que es una circunstancia aplicable sólo a jueces y magistrados que se encuentren en servicio. Así, si quisiera incorporarse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, debería solicitar una excedencia, una compatibilidad o apartarse definitivamente de la carrera judicial.
17 o 18 vocales
El Pleno de este viernes podría estar integrado por 17 o 18 de los vocales que integran el CGPJ, dependiendo de su se acepta o no la recusación planteada por Garzón contra la vocal Gemma Gallego, a la que acusa de mantener con él una “enemistad manifiesta”.
La presencia de Gallego en el Pleno será el primer asunto que discuta el Pleno, que tendrá que decidir además si acepta el escrito presentado por el también vocal José Manuel Gómez Benítez para apartarse de este debate por su condición de ex abogado y amigo personal de Garzón.
Tampoco participarán el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles, quienes se apartaron voluntariamente tras ser igualmente recusados por Garzón.
Así las cosas, y si Gallego debe ausentarse, el Pleno estará integrado este viernes, además de por el presidente Dívar, por siete vocales designados a propuesta del PP (Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Concepción Espejel y Antonio Montserrat), otros siete nombrados a instancias del PSOE (Almudena lastra, Felix Azón, Miguel Carmona, Gabriela Bravo, Manuel Torres-Vela, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) y los designados a propuesta de Ciu (Ramón Camp) y PNV (Margarita Uría).
