No votan, pero tienen derechos: la infancia canaria ante las urnas del 20-N
El Día Mundial de la Infancia nos coloca frente al espejo más honesto de nuestra sociedad: el modo en que cuidamos y garantizamos el presente y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Más allá de los actos institucionales y las declaraciones bienintencionadas, esta fecha obliga a mirar de frente la realidad cotidiana en la que crecen miles de niños y niñas en nuestra tierra. En Canarias, los datos sobre pobreza infantil y exclusión social siguen siendo una herida abierta que nos recuerda que los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas no se sostienen solos, sino con una arquitectura normativa, políticas públicas rigurosas y recursos presupuestarios reales.
Cuando analizamos la relación entre infancia y poder institucional desde una perspectiva técnica y jurídica, emerge una asimetría democrática evidente: los niños y las niñas no votan. En la lógica del ciclo electoral tradicional, aquello que no se traduce de manera inmediata en papeletas corre el riesgo permanente de quedar relegado a un segundo plano en las prioridades de gasto. Sin embargo, el ordenamiento jurídico internacional y nuestro propio marco constitucional establecen con claridad que la infancia no es una etapa de espera ni un mero objeto de tutela pasiva; las personas menores de edad son sujetos plenos de derecho desde su nacimiento. El principio rector del interés superior del menor no es una fórmula retórica para adornar preámbulos legislativos, sino un mandato vinculante que debe orientar la asignación fiscal, el diseño urbano, la política sanitaria y la planificación educativa.
Esa obligación jurídica adquiere hoy en el Archipiélago una dimensión crítica cuando confrontamos los discursos oficiales del actual Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria y el Partido Popular con sus propias cuentas públicas. En sus comparecencias parlamentarias e intervenciones públicas recientes, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, ha insistido en situar el acogimiento familiar como una prioridad y ha reclamado que el interés superior del menor sea un criterio rector real y no retórico. Sin embargo, las cifras del programa 231H, destinadas a las prestaciones económicas derivadas del acogimiento familiar, desmienten de raíz ese compromiso.
Los números crudos de los presupuestos son incontestables. En 2023, bajo el anterior Gobierno del Pacto de las Flores, esta partida contaba con 10.443.696 euros. Con la llegada del Ejecutivo de CC y PP, la dotación cayó en 2024 a 9.560.579 euros, tras un breve repunte en 2025 volvió a descender a 9.420.696 euros en 2026, y en el proyecto presupuestario para 2027 se desploma hasta los 6.920.696 euros. Estamos hablando de un recorte de 2.500.000 euros en un solo ejercicio y de una pérdida acumulada de 3.523.000 euros respecto a la referencia de 2023.
Resulta sencillamente incompatible proclamar en los titulares que se trabaja para que la niñez tutelada crezca en entornos familiares mientras se retiran más de tres millones y medio de euros de las prestaciones que sostienen precisamente a las familias acogedoras. Ningún aumento global en otras líneas del programa de infancia justifica ni maquilla este tijeretazo directo, que contradice los estándares internacionales y la legislación estatal que priorizan el hogar frente a la institucionalización residencial. Recortar en acogimiento familiar no es un simple ajuste contable; es debilitar la red afectiva y material de quienes más protección necesitan.
Esta urgencia social se agrava de manera dramática en el abordaje de la infancia migrante que llega sola a nuestras costas. Miles de niños, niñas y adolescentes que arriban a Canarias tras travesías extremas son, ante todo y por encima de cualquier consideración administrativa, sujetos de protección integral. Sin embargo, la persistencia de dispositivos de emergencia sobredimensionados, la falta de una red estable y la insuficiencia de los mecanismos de solidaridad interterritorial en el conjunto del Estado generan una tensión insostenible sobre los recursos de las Islas, dificultando la garantía efectiva de su escolarización, su atención psicosocial, su tutela individualizada y su tránsito hacia la vida adulta. La corresponsabilidad estatal y la derivación justa entre comunidades son una obligación de Estado que no puede servir de coartada para normalizar la precariedad en la acogida dentro de nuestra propia tierra.
Al mismo tiempo, la realidad socioeconómica estructural del Archipiélago sigue golpeando a la infancia. Con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre la población menor de edad que supera con holgura el 40%, miles de hogares en esta tierra comprueban cada día que tener un empleo ha dejado de ser garantía suficiente para cubrir las necesidades básicas de crianza. La crisis habitacional derivada de la presión especulativa y la escasez de parque público residencial, sumada a los bajos salarios, absorbe una proporción desmedida de la renta de las familias trabajadoras y monoparentales, condicionando la alimentación, el descanso y el bienestar emocional desde los primeros años de vida. Ningún niño o niña elige el código postal en el que nace ni las circunstancias de su llegada, pero son quienes pagan el coste más alto cuando las administraciones renuncian a intervenir sobre las causas materiales de la desigualdad.
Por eso, defender los derechos de la infancia en este 20-N exige abandonar el asistencialismo y situar la justicia social y el rigor presupuestario en el centro de todas las decisiones políticas. La protección efectiva de toda la niñez, sin distinción de origen ni situación administrativa, requiere herramientas técnicas precisas y compromisos legislativos medibles desde el primer día de la legislatura:
En primer lugar, es imprescindible aprobar por ley una prestación universal por crianza articulada como un derecho subjetivo de ciudadanía. Las transferencias directas, universales y libres de trabas burocráticas son el instrumento fiscal más eficaz para reducir la pobreza infantil severa, llegando también a las familias cuyas rentas quedan fuera de las deducciones fiscales tradicionales en el IRPF.
En segundo lugar, resulta urgente revertir los recortes y blindar por ley la financiación del acogimiento familiar y del sistema público de protección, garantizando recursos suficientes, equipos técnicos estables y protocolos de acogida dignos y especializados para la infancia migrante no acompañada, acompañados de un mecanismo vinculante de corresponsabilidad estatal.
En tercer lugar, hay que consolidar la red pública y gratuita de educación infantil de 0 a 3 años en Canarias, asegurar comedores escolares universales y saludables, reforzar las plantillas de pediatría y salud mental infanto-juvenil en atención primaria, y vincular de forma efectiva la política de vivienda a la protección familiar mediante la intervención de las zonas tensionadas y la ampliación del parque público de alquiler.
A lo largo de mi trayectoria profesional y pública, mi compromiso con la infancia ha sido absoluto, constante e irrenunciable, porque entiendo que la calidad democrática de un país se mide por el trato que dispensa a quienes carecen de altavoz propio en las instituciones. Ese mismo compromiso es el que me impulsa hoy como candidata número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas en la confluencia Unidad del Pueblo Canario (UPC).
Quedan apenas unos días para la cita con las urnas y Canarias se juega que la agenda social, territorial y de derechos humanos de nuestras islas tenga voz propia y firme en Madrid. Desde UPC asumimos la responsabilidad de llevar al Congreso el mandato de que ningún niño ni ninguna niña, haya nacido en nuestros barrios o haya cruzado el océano, vuelva a ser invisible en los presupuestos ni moneda de cambio en el debate político. Porque una sociedad no se construye con discursos vacíos ni con recortes, sino con instituciones que cumplen la ley y entienden que garantizar una vida digna a toda nuestra infancia es la única garantía real de futuro para el pueblo canario.
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