El tiempo de la infancia contra la inercia burocrática: el legado de Jerónimo Saavedra como Diputado del Común

Agosto, vacaciones, playa, familia, amistades y lectura. El verano me ha dado un paréntesis tan necesario como el pan de cada día, un tiempo más lento que por fin permite reencontrarse con la cultura y con las personas que importan. Hace ya unas semanas estuve en Agaete en la presentación del libro de Marta Saavedra sobre su tío Jerónimo. Hacía tiempo que no coincidíamos con la calma que da el verano, y volver a abrazarla en este homenaje al gran Jerónimo Saavedra fue muy especial.

Marta y yo compartimos andadura en la administración durante la etapa del Gobierno del Pacto de las Flores. Coincidimos como directoras generales, ella al frente de Transparencia y yo en la Dirección General de Protección a la Infancia, una responsabilidad compartida desde áreas muy complejas que nos unió primero como compañeras y luego como amigas. Que me haya dedicado el libro con tanto cariño añade un componente emocional inevitable a la lectura, y también me coloca en una posición particular para reflexionar sobre lo que estas páginas remueven.

Terminar el libro deja un poso de los que obligan a detenerse. Para quienes trabajamos en los márgenes de vulnerabilidad social, la protección a la infancia y la adolescencia desde la psicopedagogía y la intervención social, enfrentándonos día a día al engranaje real del sistema de protección, la figura de Jerónimo Saavedra resulta fascinante y a la vez incómoda. Marta retrata a su tío desde el afecto familiar y con el eco de más de cuarenta voces, pero más allá del tributo político hay algo profundamente revelador en su forma de entender las costuras del Estado frente a la vulnerabilidad.

Suelo mirar los relatos biográficos con cierta distancia, buscando la grieta donde el personaje público solapa las contradicciones del día a día. Sin embargo, al cruzar la semblanza de Marta con la huella documental que Jerónimo dejó como Diputado del Común entre 2011 y 2018, el texto cobra otra dimensión. Ahí, en el tramo final de su vida pública, no estaba gestionando presupuestos millonarios ni negociando grandes pactos; estaba leyendo expedientes de niños y niñas bajo la tutela de la Comunidad Autónoma, quejas de familias desbordadas y retrasos administrativos injustificables.

Hay algo especialmente incisivo en cómo ejerció esa defensoría en lo relativo a los derechos de la infancia. Mientras el discurso institucional solía y suele tirar de una retórica impecable sobre el interés superior del menor, las memorias anuales que Saavedra elevaba al Parlamento canario tenían un tono muy distinto: directo, incómodo y sin paños calientes. Releyendo ahora aquellos informes, me impresiona comprobar la lucidez con la que señaló los agujeros del sistema. Reprochó con insistencia la parálisis en la elaboración del II Plan del Menor e Infancia, afeó la falta de herramientas informáticas unificadas para rastrear la situación real de los niños tutelados y denunció las abultadas listas de espera en recursos básicos como los Puntos de Encuentro Familiar.

No le tembló la mano al señalar a la propia Dirección General de Infancia. En las páginas de sus informes quedaron registradas las quejas por la lentitud exasperante en las valoraciones de idoneidad para el acogimiento familiar, anteponiendo demasiadas veces el acogimiento residencial en centros a la calidez de un hogar, la falta de protocolos entre acogimiento y adopción o las trabas en los regímenes de visitas. Incluso dejó constancia de algo tan grave como el bloqueo de información por parte de la administración cuando la defensoría intentaba investigar la realidad de los centros de menores en conflicto con la ley, exigiendo datos transparentes sobre reincidencia y expedientes sancionadores.

Sabiendo de primera mano lo insoportablemente lento que se mueve el engranaje administrativo cuando se trata de la infancia vulnerable, leer aquellos reproches institucionales de Saavedra reconforta y duele a la vez. Quienes evaluamos los entornos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes sabemos que el tiempo institucional no tiene nada que ver con el tiempo vital de la infancia. Seis meses de parón en un expediente de riesgo, en una valoración o en un recurso de acogimiento no son un trámite diferido. Son meses de desarrollo emocional robados que no se recuperan jamás. Jerónimo lo veía con la claridad del jurista y la empatía del humanista. Sabía que la inercia burocrática es, en la práctica, una forma silenciosa de violencia institucional.

También impresiona revisar sus demandas sobre la educación en la primera infancia, la etapa de cero a tres años. En un contexto donde la política prefería hablar de grandes infraestructuras de transporte o cemento, él insistía en el Parlamento en que la verdadera obra pública eran las escuelas infantiles gratuitas y universales. No lo enfocaba como un simple parche para conciliar, sino como la primera red de prevención social, el lugar donde se compensan las desigualdades de origen antes de que la exclusión sea irreversible.

Al acabar la lectura de Jerónimo Saavedra, el último procer y repasar mis notas del libro, me queda la certeza de que Marta no propone una mirada nostálgica hacia el pasado, sino una interpelación directa al presente. La propia trayectoria vital de Jerónimo, su forma de asumir la diversidad en la vida pública sin pedir permiso ni perdón, atravesaba también su manera de entender el amparo institucional. Proteger a la infancia no es tutelar desde el paternalismo autoritario, sino garantizar que la dignidad, la palabra y el tiempo de cada niña, niño o adolescente se respeten por encima de cualquier conveniencia o rigidez administrativa. Ese es el verdadero homenaje que le debemos a su memoria y la lección exigente que nos conviene no olvidar.