La infancia como ocurrencia: política de escaparate en un sistema de protección enfermo

El diagnóstico sobre el sistema de protección a la infancia no admite más paños calientes. Las costuras han reventado y la estructura está muerta por puro agotamiento. No estamos ante un problema puntual, una falta de plazas de última hora o un bache presupuestario aislado. Lo que tenemos enfrente es una patología de la propia matriz de las instituciones. Un engranaje que nació con una promesa ética clara, encaminada a reparar la vulnerabilidad, sanar historias rotas y ofrecer refugio incondicional, se ha convertido, por pura inercia, en una maquinaria burocrática obsesionada con el control, la fiscalización y su propia supervivencia. Cuando la prioridad de una organización pasa a ser taparse las espaldas administrativamente antes que sostener la complejidad humana, el sistema enferma. Y en su caída, cronifica el daño de las mismas criaturas a las que juró proteger.

La muestra más flagrante de esta dolencia es la manía persecutoria por patologizar y etiquetar la diversidad. En lugar de entender las conductas de los niños, niñas y adolescentes como respuestas lógicas, adaptativas, a traumas severos, desamparos institucionales o contextos de violencia originaria, la institución tira por el camino más cómodo y menos autocrítico: el diagnóstico clínico. Se trabaja desde una suerte de psicopedagogía ortopédica que busca encajar los cuerpos y los comportamientos en el engranaje residencial o escolar, sin hacer ruido. El sistema actúa como un notario implacable del déficit: registra minuciosamente lo que al menor «le falta», lo que «falla» en su desarrollo o lo que resulta «disruptivo» en su carácter. Con esta mirada clínica se evita, de forma deliberada, cuestionar la idoneidad de los propios recursos, la precariedad y la altísima rotación de los equipos técnicos, o la rigidez de unos protocolos pensados para la comodidad del adulto y no para el bienestar de la infancia.

A esta lógica del déficit se le suma algo que duele en el día a día: la ausencia total de cuerpo y de afecto real en la intervención. En los centros de protección, el diseño de los espacios, los turnos del personal y las dinámicas diarias expulsan la vinculación genuina en favor de una malentendida «distancia técnica». Se asume que las personas menores de edad son sujetos pasivos que debe ser intervenidos, reeducados y moldeados, castigando sistemáticamente el disenso, la rabia o la frustración. Pero estas reacciones no siempre son desajustes conductuales que requieran aislamiento o pastillas, son el grito legítimo y la resistencia de una biografía fracturada que se niega a que la sepulte el silencio administrativo.

Toda esta deriva encuentra su coartada perfecta en una profunda perversión del lenguaje institucional. Bajo términos solemnes y aparentemente progresistas como «el interés superior del menor» o el «plan de caso», la burocracia levanta una trinchera defensiva que despolitiza el malestar y exime de responsabilidad al entorno. Los informes técnicos, muchas veces redactados desde la prisa y la falta de observación sobre el terreno, se convierten en verdades sagradas que entierran la voz de la infancia bajo capas de jerga a veces, pseudocientífica. El éxito de una medida de protección ya no se mide por la reparación del daño o la felicidad real del menor, sino por el estricto cumplimiento de plazos, ítems e indicadores burocráticos que solo sirven para garantizar la tranquilidad legal y la opacidad de la propia institución.

Pero el verdadero núcleo de la enfermedad, el que de verdad desmorona el sistema, es el divorcio absoluto entre la dirección política y la realidad técnica de las intervenciones. Lo político y lo técnico hace tiempo que dejaron de caminar de la mano, y lo grave ya no es solo que no se escuchen, lo verdaderamente peligroso es la suplantación de funciones. Hemos normalizado una flagrante mala praxis: políticos que juegan a ser técnicos. Personas que, amparadas únicamente en el poder de su cargo y desconectadas de la cotidianidad de los hogares y/ o las medidas de protección, deciden sobre procesos complejísimos basándose en el titular de prensa del día siguiente, en la foto oficial o en la ocurrencia de turno.

Claro que la política y la técnica deben ir de la mano, es imprescindible, pero desde el respeto mutuo y el rigor que otorgan el conocimiento y la experiencia de campo. El papel de la política es dotar de recursos, marcar líneas estratégicas y garantizar derechos; el de los equipos técnicos es evaluar, intervenir y decidir desde la metodología científica. Cuando un político borra esa frontera, asume atribuciones que no le corresponden y se cree capacitado para enmendar una decisión técnica por criterios de oportunidad o simple soberbia, deja de hacer política para cometer una irresponsabilidad mayúscula. No se puede gobernar la vulnerabilidad desde el sentimentalismo punitivo o la caridad bienintencionada. Cuando el político cree que sabe más que el profesional que sostiene la primera línea, no está gestionando una administración: está jugando, literalmente, con la vida de personas que ya lo han perdido casi todo.

Esta desconexión genera una violencia institucional bidireccional. Por un lado, desmantela la autoridad técnica de los profesionales, abocándolos al desgaste, a la frustración y a la sumisión laboral. Por otro, convierte a los menores en mercancía política, en sujetos de experimentos de gestión que cambian de rumbo cada vez que varía el color del gobierno de turno. El disenso técnico frente a la ocurrencia política no se recibe como una aportación; se tergiversa y se persigue bajo la etiqueta de “acusación” o “deslealtad institucional”. Se prefiere al técnico dócil que certifica el desastre con lenguaje aséptico antes que al profesional crítico que exige una revisión estructural del modelo.

Un sistema enfermo, gobernado desde la ocurrencia y ejecutado desde la ortopedia relacional, no puede sanar a nadie. Urge cambiar de rumbo de manera radical hacia una pedagogía crítica y una praxis política que asuman el conflicto, la complejidad y la pluralidad no como amenazas, sino como indicadores vivos de la realidad. La transformación de la protección no pasa por añadir más capas de burocracia, ni por diseñar campañas publicitarias sobre las bondades del sistema; pasa por aplicar aquello de “zapatero a tus zapatos”. Quien ostenta un cargo público debe dejar de jugar a lo que le hubiera gustado ser, abandonar de una vez las funciones técnicas que ni le corresponden ni comprende, y centrarse estrictamente en lo que sí le toca hacer: dotar de recursos, escuchar a la primera línea y garantizar derechos. Proteger es un acto de responsabilidad política de primer orden que exige devolver el peso de las decisiones a criterios metodológicos rigurosos y contrastados. Exige sostener la biografía entera de cada niño y de cada niña, respetando su derecho a la verdad, a la identidad y al disenso, sin exigirle nunca, como peaje para su salvación, que renuncie a su propia historia para satisfacer el ego o la incompetencia de quien firma resoluciones desde el desconocimiento.