Entre el titular fácil y la realidad de los hechos: la responsabilidad de proteger a la infancia

Hay titulares que se quedan grabados y te encogen un poco el estómago. En los últimos días ha circulado uno por las islas que hacía saltar todas las alarmas: decía, casi de pasada pero con una contundencia atroz, que 28 bebés habían sido retirados o dados en Canarias en un solo mes, y que ninguno había terminado en un centro. Leído así, de golpe, a cualquiera se le hiela el cuerpo. La imagen que venía a la mente era la de una crisis desbocada, casi invisible, afectando a recién nacidos de tetero y cuna.

Pero la realidad, cuando se mira de cerca y con rigor, es bastante distinta.

La cifra salió a relucir a raíz de la comparecencia de la directora general el pasado lunes en la comisión de pobreza infantil del Parlamento de Canarias. Y la verdad es que el dato no es correcto. No hablamos de 28 lactantes. Esos 28 casos son, en realidad, el total de tutelas ejecutadas durante todo el mes de agosto. Y el abanico de edades no es solo de recién nacidos: abarca a niños, niñas y adolescentes desde los 0 hasta los 17 años.

De hecho, me consta que la propia directora general está saliendo al paso personalmente para corregir la cifra y poner las cosas en su sitio. Y se agradece. Porque rectificar un dato de esta magnitud no es un capricho burocrático ni ganas de marear con la letra pequeña. Es una cuestión de honestidad y de protección hacia la propia ciudadanía. Lanzar al aire que hay docenas de bebés arrebatados o entregados en cuestión de semanas genera una angustia social enorme y desfigura por completo lo que de verdad ocurre en los despachos de servicios sociales y en la calle.

Ahora bien, una cosa es poner orden en los números y otra muy diferente respirar aliviados.

Porque la cifra real, sin necesidad de inflarla ni de meterle sensacionalismo, sigue siendo un verdadero jarro de agua fría. Que en apenas treinta días se hayan tenido que ejecutar 28 tutelas en Canarias nos tiene que dejar un nudo en la garganta. Detrás de cada uno de esos expedientes hay una casa que se ha roto, historias de familias asfixiadas por la precariedad, situaciones de negligencia, dolor o una incapacidad aplastante para cuidar a los suyos.

Una vez desmentido el bulo o el titular erróneo, la pregunta difícil sigue sobre la mesa: ¿qué demonios está pasando para que tantas familias lleguen a ese punto, a veces, de no retorno?

En Canarias conocemos bien las cicatrices de la pobreza infantil y la exclusión. Llevamos años conviviendo con datos que escuecen. Y cuando la ayuda comunitaria no llega a tiempo, cuando los servicios sociales municipales están colapsados o las redes de apoyo simplemente no existen, el sistema de protección de menores termina actuando casi como una ambulancia a toda velocidad y llega cuando el impacto ya se ha producido.

El debate político en el Parlamento y la conversación que tenemos en la calle no pueden quedarse en el morbo o en la indignación rápida de un titular torcido. Lo que toca ahora es buscar las causas con lupa. Entender por qué colapsan esos hogares, dónde falló la prevención y cómo podemos acompañar a tiempo a esas familias golpeadas antes de que la única respuesta posible sea quitarles la tutela de sus hijos.

Poner la verdad por delante, como ya está haciendo la propia Dirección General, es el único punto de partida válido. Lo que viene después es lo más duro: dejarnos de rodeos y ponernos a trabajar en la raíz del problema.