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La Justicia impide a dos inmobiliarias desahuciar a Margalida, de 87 años, tras seis décadas en la misma casa

Foco
Imagen de archivo de una anciana

Esther Ballesteros

Mallorca —
16 de noviembre de 2026 17:52 h

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La Justicia ha frenado el desahucio de Margalida, una mujer de 87 años que lleva viviendo en el mismo piso de Palma desde 1963. El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha desestimado la demanda presentada por dos sociedades dedicadas a la promoción y los negocios inmobiliarios que compraron conjuntamente el edificio en 2021 y que pretendían extinguir el contrato de renta antigua de la anciana por supuestos impagos reiterados. El fallo, sin embargo, considera que los retrasos estuvieron condicionados por la enfermedad oncológica y las graves circunstancias personales de la inquilina, descarta que existiera una voluntad deliberada de incumplir sus obligaciones y permite que la mujer continúe en la vivienda en la que ha residido durante más de seis décadas. Asimismo, condena a ambas mercantiles a pagar las costas judiciales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, reconstruye el origen del alquiler y las circunstancias que llevaron a la demanda: el contrato se firmó el 1 de septiembre de 1963, cuando el edificio todavía figuraba en el número 20 de la antigua plaza del Teniente Coronel Franco. La renta se estableció en 13.200 pesetas anuales. Tras el fallecimiento de su marido, en mayo de 2008, Margalida se subrogó en el contrato.

El conflicto sobre los pagos se produjo después de que las sociedades Choper Balear SL y Camí Balear 2020 SL adquiriesen el edificio de manos de Coldur SLU en marzo de 2021. Ambas empresas habían sido constituidas menos de seis meses antes. De acuerdo a los datos registrales consultados por este periódico, la primera tiene como administrador único a Omar Norberto Garigliano, mientras que Lucía Garigliano y Tomás Vallejos figuran como apoderados solidarios de esta sociedad desde marzo de 2021. Por su parte, Camí Balear 2020 SL está administrada por Tomás Vallejos y tiene a Lucía Garigliano como apoderada desde septiembre de 2022.

La estructura empresarial conecta a ambas sociedades con Step Into Mallorca, una consultora que se presenta como especializada en proyectos de inversión inmobiliaria en Mallorca. En su propia página web, la empresa identifica a Lucía Garigliano y Tomás Vallejos como sus fundadores.

Una vez al frente del inmueble, las dos empresas reclamaron a Margalida cantidades que consideraban pendientes por el alquiler al sostener que la inquilina había incumplido reiteradamente su obligación de pagar la renta y, el 16 de julio de 2025, presentaron una demanda para resolver el contrato y recuperar la vivienda. Durante el juicio celebrado la semana pasada por estos hechos, la defensa de Margalida alegó que durante décadas se había mantenido una práctica de pagos agrupados, tolerada por los anteriores propietarios, y que no se había comunicado de forma fehaciente a la inquilina que debía modificar el sistema y pasar a abonar la renta mensualmente.

Dos años de tratamientos oncológicos y graves problemas de movilidad

Asimismo, como explicó durante el procedimiento su abogada, Margalida atravesó en 2023 un tratamiento contra el cáncer y pasó temporadas hospitalizada y en casa de su hijo. A su regreso recibió un burofax en el que se le reclamaban mensualidades supuestamente impagadas.

La defensa sostuvo que los retrasos no respondieron a una voluntad de dejar de pagar, sino a las dificultades derivadas de la enfermedad y a los cambios en la gestión del alquiler y en la forma de efectuar los pagos. Meses después, la mujer sufrió una caída que le provocó la fractura de tres vértebras. Su hijo pasó entonces a ocuparse de las gestiones relacionadas con la vivienda. La abogada también denunció durante el procedimiento distintas actuaciones de la propiedad, entre ellas la retirada del telefonillo y del nombre de Margalida del buzón, así como irregularidades relacionadas con el suministro de agua. La sentencia, sin embargo, no entra a valorar las denuncias de posible acoso inmobiliario planteadas por la defensa.

Las sociedades propietarias habían solicitado la extinción del contrato al considerar que los retrasos en el abono de la renta constituían causa suficiente para resolverlo. Frente a ello, el magistrado subraya que los retrasos en los pagos estuvieron vinculados a “circunstancias personales extraordinarias” y recuerda que durante años no se habían producido problemas con el abono de la renta. La sentencia también tiene en cuenta que la inquilina había realizado tradicionalmente un único pago anual y que no consta que se le comunicara que debía modificar esa práctica.

El precedente del Supremo

El fallo aplica, asimismo, un juicio de ponderación de las circunstancias del caso y establece analogías con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia 1065/2024, de 23 de julio, que abrió la puerta a valorar las circunstancias personales de los inquilinos antes de considerar que un retraso en el pago justifica un desahucio. En aquel caso, el Alto Tribunal revocó el desalojo de una mujer de 82 años que había dejado de abonar una mensualidad tras sufrir una caída y mientras atendía a su marido, también enfermo. La Sala consideró que se trataba de una situación excepcional: la arrendataria llevaba décadas pagando el alquiler, había regularizado la deuda y el retraso no había causado perjuicio a la propiedad.

El juzgado de Palma recupera ese criterio para examinar el caso de Margalida y pondera conjuntamente su enfermedad oncológica, las lesiones que limitaron su movilidad, la larga duración del contrato, la falta de constancia de que se le comunicara el cambio en la periodicidad de los pagos y la ausencia de un perjuicio relevante para las sociedades propietarias

“El retraso producido no puede ser conceptuado como un incumplimiento esencial”, señala el razonamiento judicial, que concluye que los hechos acreditados constituyen una situación excepcional que excluye apreciar un incumplimiento resolutorio. Asimismo, considera que no consta acreditado que en septiembre de 2022 se comunicara correctamente a Margalida ese cambio en la periodicidad de los pagos. Asevera que la propiedad tampoco demostró un perjuicio efectivo y relevante derivado de los retrasos.

Uno de los aspectos que destaca el juez es que Omar Norberto Garigliano conocía el delicado estado de salud de la inquilina. Cuando el hijo de Margalida comunicó en julio de 2024 que asumiría las gestiones de su madre, el representante de la propiedad no le advirtió de que se estuvieran acumulando mensualidades supuestamente impagadas. La resolución considera acreditado que las cantidades que la propiedad reclamaba por los ejercicios de 2023 y 2025 fueron satisfechas antes de la presentación de la demanda, sin oposición de Margalida ni de su hijo. El magistrado entiende que esa conducta demuestra una voluntad de cumplimiento incompatible con una actitud deliberadamente incumplidora.

La abogada de la mujer, Aina Díaz, explicó que los inversores habían adquirido varias viviendas a precios bajos y que algunos propietarios mayores habrían recibido cantidades reducidas por sus pisos. También señaló que otro inquilino con un contrato de renta antigua y algunos propietarios que no querían vender estaban soportando presiones. Durante el juicio, la letrada también denunció la retirada del telefonillo y del nombre de Margalida del buzón, así como actuaciones relacionadas con el suministro de agua. La resolución judicial se centra en determinar si los retrasos en el abono del alquiler justificaban extinguir el contrato, pero no entra a valorar esas denuncias de posible acoso inmobiliario.

La resolución judicial concluye que Margalida mantuvo “en todo momento” una voluntad inequívoca de cumplir sus obligaciones como arrendataria y que llegó a abonar las cantidades pendientes antes de que las dos sociedades propietarias presentaran la demanda de desahucio, en julio de 2025. El juez considera que no existió un incumplimiento contractual de la gravedad necesaria para justificar la extinción del arrendamiento.

Pisos por más de 355.000 euros

La consultora Step Into Mallorca anunció al menos dos viviendas reformadas en venta en el número 10 de la plaza Miquel Dolç, la misma dirección que figura en la sentencia. Uno de los anuncios ofrecía una vivienda de 112 metros cuadrados construidos, con tres habitaciones, dos baños y una terraza privada de 35 metros cuadrados, por 355.000 euros. El precio había sido rebajado desde los 379.000 euros iniciales. El segundo correspondía a un ático de 85 metros cuadrados, con dos habitaciones, dos baños y terraza, anunciado por 349.000 euros.

Ambos anuncios identificaban a StepIntoMallorca como agencia inmobiliaria anunciante en Idealista. Las fichas han dejado de estar disponibles en el portal, aunque sus referencias y datos comerciales permanecen en los resultados indexados. En conjunto, las dos viviendas alcanzaban un precio de oferta de 704.000 euros.

La propia web de Step Into Mallorca publicita un proyecto bajo el nombre 'Plaza Miquel Dolç' en el que describe la adquisición de un edificio antiguo -el número 10 en el que vive Margalida- cuyo estado llega a calificar “de abandono” y anuncia su rehabilitación integral para obtener ocho viviendas y un local comercial, distribuidos en una planta baja y cuatro alturas. La empresa cifra el coste de la operación en 1,3 millones de euros, establece un plazo de ejecución de 24 meses y anuncia una rentabilidad después de impuestos del 40%.

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