Regularización y justicia

Hay varias ideas que llevo unos días planteándome a raíz del anuncio por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria a más de medio millón de personas de origen extranjero. Una decisión que celebro, y por la que aplaudo de forma entusiasta a la iniciativa ciudadana liderada por el movimiento Regularización Ya, que llevó al registro del Congreso de los Diputados a finales de 2022 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reclamar algo que llevaba demasiados años sin suceder. Ahora, tras tres años en hibernación, la base de esa propuesta conformará la esencia del Real Decreto en el que trabaja el Ejecutivo y que aprobará próximamente en Consejo de Ministros.  

Su lanzamiento, previsto para esta primavera, dará a miles de personas un plazo hasta el 30 de junio de 2026 para poner nombre y reconocimiento a una vida que ya llevan años construyendo aquí. Podrán acogerse quienes demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y mantenido una permanencia continuada de cinco meses en el momento de la solicitud, incluidos quienes pidieron protección internacional y ahora encuentran en esta vía un camino más directo. 

El proceso, pensado para hacerse de forma telemática o en registros públicos para evitar el bloqueo de la administración (previsible, al estar hablando de más de medio millón de personas), exige acreditar la ausencia de antecedentes penales. Pero el decreto introduce un gesto de realismo: si el país de origen no envía la documentación a tiempo, bastará una declaración responsable. Una concesión pequeña, pero profundamente humana en un procedimiento donde demasiadas veces todo depende de un papel imposible. 

Para demostrar su arraigo, la persona migrante podrá echar mano de cualquier documento válido: el padrón, informes médicos, facturas de luz o incluso los recibos de los envíos que mes a mes sostienen a una familia al otro lado del mar. Y quizá el avance más transformador esté en un detalle que marca la diferencia entre la incertidumbre y la vida: la simple admisión a trámite dará acceso inmediato a una autorización provisional de residencia y trabajo. Un gesto que permite, por fin, dejar de vivir en pausa y empezar a participar plenamente en la legalidad laboral mientras se resuelve el expediente definitivo. 

En estos últimos días, y haciendo además un repaso a los casi un centenar de artículos y monografía referidos al ámbito de la migración que hemos escrito en los últimos años, han ido surgiendo una serie de ideas y reflexiones que quiero compartir con ustedes. 

La primera: que nuestra historia avala la bondad de la decisión. 

La regularización no es un salto al vacío: sabemos que un procedimiento así funciona y mejora nuestra economía, nuestra convivencia. Como delegado del Gobierno en Canarias fui testigo privilegiado en el año 2005 y posteriores de los beneficios positivos que conllevó la regularización extraordinaria de extranjeros ordenada por el presidente Zapatero y gestionada por el entonces ministro Jesús Caldera. Benefició a 600.000 personas y generó ingresos por valor de 2.300 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social. 

La segunda: que la decisión supone una inyección económica inmediata. 

Se calcula que cada persona regularizada aportará un beneficio neto de cerca de 3.300 euros anuales a través del IRPF y la Seguridad Social. Es también una inyección desde el punto de vista de la seguridad, al quitar a personas de la oscuridad del trabajo sin contrato. Especialmente en sectores como la hostelería, la construcción, el agrario y el de los cuidados, empleos donde se calcula que casi un 70% de los solicitantes de esta regularización ya están trabajando. 

La tercera: que es un salvavidas al horizonte demográfico que afrontamos. 

En un momento en que no paramos de preguntarnos qué será de nuestras pensiones ante la forma de nuestra pirámide demográfica, regularizar a aquellas personas que ya viven entre nosotros es una decisión financieramente responsable que fortalece nuestro Estado del Bienestar. Ante la baja natalidad que hay en nuestro país, la migración es el colchón que amortigua el declive. La media de edad de los extranjeros que viven en nuestro país, y que ahora podrán regularizar su situación, es de 33 años, once años más joven que la media de edad del país, los 44 años. La gran mayoría de personas que se regularizarán, pues, se encuentran en los tramos clave de la vida laboral de una persona: entre los 25 y los 54 años. 

La cuarta: que muestra las cifras reales del fenómeno migratorio en España y permite dimensionarlas. 

En Canarias lo sabemos muy bien. El debate público sobre la migración en nuestro país está distorsionado porque el foco mediático sigue puesto casi exclusivamente en las costas, en los africanos en cayucos y pateras. Es decir, en la migración por vía marítima desde el continente africano. El proceso de regularización extraordinaria permitirá que, con datos certeros, entendamos que el 91% de las personas en situación irregular en España proviene de Latinoamérica y que, a pesar de la visibilidad mediática de la llamada Ruta Canaria, el cruce del Estrecho o las vallas de Ceuta y Melilla, solo el 5% de los ciudadanos en situación irregular es de origen africano (unas 45.000 personas). 

He explicado ya en muchísimas ocasiones y he aprovechado estas páginas todo lo posible para recordar que la mayoría de la migración africana, además, es intra africana, es decir, que ocurre dentro de África. Por ejemplo, en 2024, aproximadamente 25 millones de africanos vivían en un país distinto al de su nacimiento, superando los 20,7 millones que residían fuera del continente. O que, de los 120 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, un dato suele pasar desapercibido: el 60% —unos 73,5 millones— nunca cruza una frontera, sino que permanece dentro de su propio país. Y es en África donde esta realidad alcanza una dimensión especialmente dramática: casi la mitad de todos los desplazados internos del planeta vive en el continente, con Sudán y la República Democrática del Congo concentrando por sí solos el 80% de estos movimientos forzosos. 

Y la quinta: que es justa. 

Simplemente, porque en un mundo en el que predominan imágenes como las de la actuación del ICE (la policía migratoria) estadounidense, las matanzas de países como Sudán, la injusticia de Gaza o los misiles rusos que siguen cayendo sobre los civiles ucranianos, la medida tomada por España, profundamente humana y empática, es una luz entre tanta oscuridad. Y a mí, aunque llegue tarde (porque debería haberse tomado años atrás), hace que me sienta orgulloso del país en el que vivo, aunque este ahora sea foco del odio de todos los exacerbados que nos advierten con trasfondo racista de lo que supone no expulsar, perseguir y castigar a las personas que solo buscan una vida mejor, un trabajo con el que enviar también dinero a sus familias en lugares en los que es muchísimo más complicado conseguir un sustento. 

Y ya cierro con la última reflexión, que si no la digo, reviento: sigo asombrado con la enorme cantidad de cinismo que percibo en muchos militantes políticos, que están completamente callados ante esta medida y que lo han estado en los últimos años. Poniéndose de perfil y no transmitiendo posición ante la ciudadanía. Es obvio que hay miedo a pronunciarse sobre el fenómeno migratorio. Temen que sea impopular, que les pueda quitar un voto. Callan, incluso, ante la mentira de que esto se hace para que más gente pueda votar al partido que la ha promovido, cuando es evidente que las personas regularizadas no podrán elegir al presidente del Gobierno si no dejan pasar muchos años y, posteriormente, solicitan y obtienen la nacionalidad española.  

En la calle, el momento político, la polarización, el griterío exagerado y el echarle las culpas a la migración de todos nuestros males parece que han calado entre muchos de nuestros ciudadanos. 

Pero ante este contexto, ahora más que nunca, es necesario salir a defender una iniciativa que todo el mundo sabe que es buena, necesaria y fundamental para nuestro Estado del Bienestar. Pero no quiero cerrar este artículo haciendo una lectura solo desde el impacto económico y social, diciendo que nuestro mercado de trabajo reclama, necesita... exige migrantes. Lo más importante de todo es que poner en marcha este proceso de regularización, además de beneficiarnos a todos, nos hace mejor país, mejores personas.