La venganza de Waterloo: Puigdemont, el 1-O y el ajuste de cuentas que dinamita la legislatura

El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener la orden de detención contra Puigdemont. Esa argucia es la que ahora queda desmontada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto por escrito lo que buena parte de la doctrina venía señalando desde 2024: que el Supremo sostiene, dentro de un mismo procedimiento, dos tesis que no pueden ser ciertas a la vez. El borrador de ponencia para resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa aprecia una contradicción «flagrante e insoluble» y una «quiebra de racionalidad inconciliable» en la doble lectura del Supremo. El texto aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostiene que en los hechos por los que Bassa fue condenada concurren los presupuestos que los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido ha asegurado que la doctrina del Constitucional sobre la amnistía será «vinculante» y «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo. Ha advertido que trasladará «inmediatamente» la decisión del TC que desatasca el regreso de Puigdemont. Y ha denunciado que las resoluciones del Supremo incurren «en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables». No es casual que sea el poder judicial —ese aparato que la Transición dejó intacto— el que se resista a la amnistía. La magistratura conservadora opera aquí como un intelectual orgánico de la reacción, defendiendo los intereses de las fracciones de clase que no aceptan la más mínima concesión al soberanismo catalán.

Con la garantía de que el Tribunal Constitucional amparará finalmente a los soberanistas catalanes y con el aval de la justicia europea ya materializado, Puigdemont ha decidido que era el momento de ejecutar su estocada. Ernesto Ekaizer lo ha anticipado con claridad: «Llarena y Marchena se han rendido; a partir del 15 de octubre, Puigdemont podría volver a Cataluña sin ser detenido». El periodista señala que, una vez el TC resuelva el primer recurso —el de Jordi Turull—, Llarena deberá archivar todas las causas y caerá la orden de detención contra el expresident. «Seguramente, ahora ya les interesa más que Puigdemont vuelva; así crean tensión en los medios y se aseguran que su retorno se resolverá antes de que Feijóo sea presidente», señala Ekaizer. La foto del retorno de Puigdemont con el Estado español en una quiebra del régimen del 78 será el trofeo de una venganza consumada.

Durante las últimas semanas, Junts ha mantenido una estrategia simuladora. Ha participado en aparentes negociaciones con el Ministerio de Vivienda, incluso logrando introducir exigencias propias y que se partiera en dos la normativa original. El texto final tenía una impronta de Junts que algunas fuentes del Gobierno cifraban incluso en un 80%. El Gobierno incorporó medidas de Junts y PNV para los propietarios, incluyendo deducciones fiscales de hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribía un nuevo contrato bajando la renta más de un 5%. Se incluyeron garantías para los propietarios en caso de desahucios: si un procedimiento se suspendía por vulnerabilidad del inquilino, la administración competente debía asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas. El Gobierno calculaba que las bonificaciones incluidas suponían unos 330 millones de euros que se ahorrarían los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Sin embargo, la intención subyacente siempre fue aprovechar el momento oportuno —en este noveno aniversario de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 y el inicio de la represión en Catalunya — para votar en contra y hacer colapsar al Ejecutivo español. La Ejecutiva Nacional de Junts anunció, precisamente en el 1 de octubre de 2026, su voto en contra y pidió al PSOE que retirase las dos normas. La portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de «engañar a la gente» y de darle una «falsa esperanza». «Hay que decir la verdad, sea cual sea el precio», proclamó Nogueras, criticando que los decretos no actuaban contra los fondos buitre y sí contra los pequeños propietarios. Pero la realidad es que la concepción propietarista de Junts —su defensa a ultranza del pequeño arrendador frente a las medidas de protección al inquilino— fue la coartada social perfecta para consumar la venganza. Junts no votó contra el decreto por su sesgo propietarista; utilizó su sesgo propietarista como excusa para votar contra el Gobierno. El informe interno de Junts calificaba el decreto de «trágala» y detallaba diez motivos para rechazarlo. El resultado fue una derrota parlamentaria sin paliativos: 172 votos a favor y 178 en contra en el primer decreto; 166 frente a 184 en el segundo. Los siete diputados de Junts fueron decisivos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo dijo sin ambages: «Sus intereses particulares putean a miles de personas». La prensa internacional habló de «sonora derrota» y de «profundización de la crisis política» para Sánchez.

Al tumbar los decretos, Puigdemont no solo castiga al PSOE. Contribuye de forma decisiva a colapsar al Gobierno, facilitando objetivamente la ofensiva reaccionaria de los aparatos judiciales, policiales, mediáticos y de la alianza PP-Vox. Y lo hace en un contexto de alta volatilidad, con la espoleta geopolítica de Ceuta activada y sin resolver. Porque Ceuta no es sólo un telón de fondo: es el incendio que Puigdemont aviva con su voto. Entre el 30 y el 31 de julio, entre 75.000 y 85.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, una cifra equivalente a la práctica totalidad de su población censada (83.595 habitantes). El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluyó que no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación de «guiado activo de la masa» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, calificada como «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual». El documento no descarta que Marruecos «intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Una jueza española de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal; Marruecos lo niega y el Gobierno español apenas pide «repensar» la relación.

Pero la dimensión más grave de esta crisis es la humanitaria. Amnistía Internacional ha documentado, tras entrevistar a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo —entre ellas 31 menores y 26 mujeres, dos embarazadas—, un patrón sistemático de agresiones por parte de militares españoles que «según patrones internacionales, podrían definirse como tortura»: palizas, acoso, robo, destrucción de teléfonos, insultos, amenazas para abandonar Ceuta, humillaciones como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz, y un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba». Un testimonio documentado describe cómo un migrante fue esposado, metido en un maletero, amordazado y golpeado contra un árbol antes de ser arrojado por un terraplén, quedando 25 días sin poder caminar. La organización ha tenido acceso a vídeos que muestran a militares encapuchados golpeando de noche a migrantes o rociándoles con espray irritante, y expulsándoles a la fuerza a Marruecos. En este escenario de crisis humanitaria, tensión diplomática y sospecha de agresión territorial, los motivos espúreos del voto de Junts cobran una gravedad inusitada. Es gasolina sobre el incendio. El expresident prioriza la venganza política y el cálculo electoral: ver pasar el cadáver del Gobierno español cuando, por fin, regrese a Catalunya, como líder del independentismo amparado por el Constitucional y ante un Supremo doblegado como actor político. Pero su venganza no se detiene en Sánchez. Puigdemont espera pacientemente a que el Partido Popular muerda el polvo. El otro coautor de la represión de 2017, el Partido Popular, será el siguiente en la lista. Quiere ver a Feijóo, también, bajo su dependencia política si no quiere cogobernar con el fascismo de Vox, si necesita de los votos de Junts para gobernar.

Toda esta crisis institucional encierra una lección pedagógica ineludible. Es cierto que el principal Real Decreto-ley que acaba de decaer era estructuralmente insuficiente. Hacía demasiadas concesiones al capital inmobiliario, premiaba fiscalmente al acaparador de viviendas, asfixiaba a los asalariados y pensionistas, a la vez que cubría las pérdidas de los propietarios mediante compensaciones con fondos públicos. Su única virtud era suponer un dique de contención legal, por mínimo que fuera, frente a la barbarie especulativa y la ofensiva reaccionaria. Sin embargo, su naufragio a manos de Junts demuestra que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables. No se puede desmercantilizar la vivienda, ni asegurar una vida digna, sin confrontar de raíz con la sagrada propiedad privada; y esa tarea, históricamente, no cabe en la convalidación de un decreto-ley nacido de los pactos de pasillo. 

Frente a la miseria del cálculo electoral y el tacticismo político, se alza la única fuerza capaz de cambiar el tablero: la calle. Las mareas de cientos de miles de personas, las acampadas masivas, la desobediencia civil y el pulso inquebrantable del movimiento por la vivienda han demostrado cómo se pueden mover las posiciones políticas de los gobiernos en favor de las clases populares. Es imperativo que el contrapoder de la movilización popular destierre, de una vez por todas, estas intrigas y venganzas palaciegas burguesas. Quienes han tumbado estas medidas han jugado frívolamente con el techo de miles de familias para satisfacer sus vendettas políticas y expectativas electorales, allanando el camino al fascismo. Pero no seremos su daño colateral. Si el parlamentarismo burgués se ahoga en sus propias miserias, debe ser la autoorganización en los barrios, la huelga general y la fuerza constituyente de la clase trabajadora los que desborden los despachos y barran sus privilegios. A la decadencia de sus palacios, debemos oponer la firmeza implacable del contrapoder popular, favorecedor de un cambio en la correlación de fuerzas, con organización y permanencia, que arrebate a la burguesía su hegemonía, desarticule su bloque de poder y abra paso a la construcción de un poder popular capaz de disputar, desde abajo y desde la calle, la dirección de la sociedad y sus instituciones. No para administrar el Estado tal como está, sino para transformarlo de raíz. República, Socialismo y Derecho a la autodeterminación de los pueblos.