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La Audiencia de Cuentas censura el destino clientelar del Fondo de Desarrollo de Canarias del Gobierno de Clavijo

El último informe fiscalizador de 2018 afea la ausencia de un estudio que permita verificar “el cumplimiento y nivel de ejecución de las políticas estratégicas previstas, y los efectos que está produciendo”

Estos fondos fueron repartidos por el anterior Gobierno, premiando a territorios gobernados por CC, como denunciaron varios partidos

El informe de la Audiencia de Cuentas de 2017 apuntaba que el 78% de proyectos del Fdcan podrían financiarse con el superávit y liberar estos fondos para otras políticas públicas

Hay obras que han sufrido numerosos retrasos, como el aparcamiento subterráneo de San Mateo o la plaza de Artenara. El actual Gobierno intentó reconducir el reparto del Fdcan pero había obras comprometidas y los cabildos pidieron ampliar el plazo para justificar las obras 

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, charla con varios de sus consejeros al inicio de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. EFE/Ángel Medina G.

1.600 millones de euros que transformarían la realidad de Canarias. Era la expectativa del anterior Gobierno regional, presidido por Fernando Clavijo (CC), cuando anunció la llegada de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) transferidos por el Gobierno estatal al suprimirse el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Sin embargo, ¿qué impacto han tenido estos fondos en la sociedad? El último informe de la Audiencias de Cuentas pone la lupa en el destino de este dinero, ya que la ausencia de estudios sobre su incidencia impide “verificar el cumplimiento y nivel de ejecución de las políticas estratégicas previstas, y los efectos que aquel está produciendo”.

El informe fiscalizador de 2018 apunta que el cumplimiento de la regla de gasto por parte de las administraciones locales está llevando a un remanente de tesorería cada vez mayor, dinero que, sin embargo, podría dedicarse a inversiones “financieramente sostenibles”, es decir, a la mayoría de los proyectos gestionados actualmente por el Fdcan. De esta manera, esos recursos podrían liberarse “a otras políticas públicas que se encuentran deficitariamente dotadas, desde la perspectiva de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y no que queden inmovilizados como depósitos financieros”. 

El actual Gobierno de Canarias trató de modificar el modo de gestionar el Fdcan por parte del anterior Ejecutivo. Sin embargo, la Consejería de Hacienda decidió el pasado mes de diciembre dar marcha atrás a su propuesta inicial de retener 100 millones y transferir a las corporaciones insulares los 60 millones restantes de la anualidad de 2019. Finalmente, cedió a transferir a los cabildos 112 millones de euros ante la imposibilidad de conocer el grado de ejecución de las obras previstas por estos fondos. 

Nueva Canarias, partido que se encuentra en la actualidad al frente de la Consejería de Hacienda, siempre fue contrario al destino de estos fondos, que podrían haberse dedicado a políticas públicas deficitarias como Sanidad o Dependencia. Sin embargo, actualmente existen multitud de obras comprometidas por los cabildos e iniciadas y es complejo reconducir el destino de este dinero. No obstante, el consejero del área, Román Rodríguez, ha dejado claro en sus intervenciones sobre este asunto que la reprogramación del Fondo de Desarrollo de Canarias se hará "por consenso" con los cabildos. 

El PSOE también fue muy crítico cuando gobernaba Coalición Canaria, el diputado Iñaki Lavandera llegó a acusar a este partido de realizar un reparto clientelar de los fondos. De hecho, Clavijo premió con el Fdcan a aquellos municipios en los que o bien gobernaba CC o partidos locales que le apoyaron posteriormente en las elecciones. Fue el caso de  Mogán, Firgas o San Mateo en Gran Canaria. Entonces, se decidió que a cada habitante de esos municipios le llegaría 342 euros del Fondo de Desarrollo de Canarias, mientras que a cada ciudadano de la Isla en su conjunto le corresponderá 148 euros si se atiende al criterio poblacional. 

Llama además la atención que el único cabildo que actualmente ha cumplido en tiempo y forma el grado de ejecución es el de Tenerife, donde gobernaba Coalición Canaria. El resto de cabildos ha solicitado un plazo que oscila entre tres meses y un año para justificar. Así, el Cabildo de La Palma ha pedido ampliar hasta el 30 de marzo de 2020; La Gomera, hasta el 30 de noviembre de 2020; El Hierro y Lanzarote, hasta el 31 de diciembre de 2019, y el Cabildo de Fuerteventura y Gran Canaria, hasta el 31 de octubre de 2020.

La obra del nuevo edificio de aparcamientos de la Vega de San Mateo.

La obra del nuevo edificio de aparcamientos de la Vega de San Mateo. Alejandro Ramos.

Hay obras que han sufrido múltiples retrasos. Ejemplo de ello es el aparcamiento subterráneo de San Mateo, una obra envuelta en la polémica ya que la mala planificación llevó a modificar el proyecto y paralizar las obras, que han sido prorrogadas varias veces. También es el caso de Artenara, donde aún los vecinos siguen a la espera de la plaza con aparcamientos prometida

No obstante, la Audiencia de Cuentas recuerda que el 1 de febrero de 2019 el Gobierno de Coalición Canaria adjudicó un contrato con una empresa externa para que realizara un análisis técnico que evaluara el Fdcan en los años 2016, 2017 y 2018. El plazo para su presentación finaliza el 31 de octubre de 2020. “Hacer hincapié en que la ausencia de informes intermedios impide corregir posibles deficiencias en la asignación de los recursos, de cara a garantizar que los fondos del Fdcan cumplan su finalidad, y puedan servir de soporte en la toma de decisiones a las Comisiones de seguimiento que se recogen en el Decreto arriba mencionado”, concluye la Audiencia de Cuentas. 

El informe fiscalizador de 2017 se pronunciaba ya en el mismo sentido e incidía en que “la mayor parte de los proyectos en los que se ha desarrollado el Fdcan (aproximadamente un 78 %) corresponde a inversiones en infraestructuras, proyectos que se encuadran en la definición de inversiones financieramente sostenibles recogidas en la disposición adicional 16 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo) y que, por tanto, deberían ser ejecutados con el superávit que presentan la mayoría de las CC.LL. canarias”. 

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