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El Ayuntamiento de Telde pone fin al caos de La Mareta

El pleno de este lunes deja sin efecto el contrato de adjudicación de las parcelas a una empresa del promotor Julián Gómez del Castillo

El Consistorio iniciará el procedimiento para evaluar los daños y perjuicios sufridos

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Pleno del Ayuntamiento de Telde

Pleno del Ayuntamiento de Telde Canarias Ahora

Telde ha dejado este lunes sin efecto el contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas de La Mareta a una empresa del promotor Julián Gómez del Castillo. El Consistorio resolvió el contrato debido al incumplimiento por parte del empresario de los pagos acordados en el pliego de cláusulas de la adjudicación.

Con esta decisión, el Ayuntamiento espera poner punto final a las pérdidas millonarias que ha sufrido el municipio debido a los conflictos judiciales, la mala gestión, y las oportunidades perdidas en La Mareta desde 2003. Además de rescindir el contrato, el acuerdo aprobado este lunes en las Casas Consistoriales iniciará el procedimiento para evaluar los daños y perjuicios sufridos. 

La moción se aprobó con los 18 votos a favor de Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC), Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), Unidos por Gran Canaria y el PSOE. Se abstuvieron dos concejales del Partido Popular y los dos concejales no adscritos vinculados a Podemos. Los cuatro representantes de Más por Telde y la exalcaldesa del PP María del Carmen Castellano no asistieron al pleno.

Las parcelas municipales sobre las que el Ayuntamiento ha recuperado el control son de enorme valor por su gran tamaño y su situación privilegiada. Las parcelas P1 y P2 de La Mareta tienen una extensión total de 141.000 metros cuadrados y se encuentran en la denominada “milla de oro” de Telde que bordea la autovía GC-1. Se trata de la zona comercial más importante del municipio, donde se han instalado grandes comercios como Alcampo, IKEA y Leroy Merlin.

En 2003, el Gobierno municipal liderado por Coalición Canaria concedió el uso de ambos terrenos por 60 años a la empresa contratista de Julián Gómez, que ganó el concurso de adjudicación con el proyecto de construir un complejo recreativo, comercial y hotelero en las parcelas.

El acuerdo de adjudicación requería de la promotora el pago de 16,8 millones de euros por el canon de los terrenos, pero 14 años después el Ayuntamiento asegura que sigue sin haber visto un solo euro de Gómez del Castillo.

Desde el Consistorio se ha concluido, después de varias negociaciones fallidas, que el adjudicatario no pretende cumplir el contrato. La alcaldesa, Carmen Hernández (NC), ha acusado al empresario de tratar de lucrarse a costa de las arcas públicas a través de una indemnización y duda que realmente pretenda construir un proyecto de ocio y comercio en La Mareta.

El dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias sobre la resolución del contrato de adjudicación ha sido esencial para aclarar cualquier duda legal sobre el proceso y bloquear las alegaciones por parte de la empresa adjudicataria. El Consultivo aseguró que el procedimiento de resolución es correcto y legítimo debido al impago del canon por parte de Parque Comercial y de Ocio La Mareta S.L. Además, el extenso informe del Consultivo rechazó las siete alegaciones presentadas por la empresa de Gómez del Castillo y trazó el camino a seguir por el Consistorio para completar la rescisión del contrato de adjudicación.

Las peripecias legales de Gómez del Castillo

Durante más de una década de batallas legales, el promotor ha esgrimido todo tipo de estrategias jurídicas contra el Consistorio de Telde. En 2008, consiguió que los juzgados anularan el acuerdo entre PP y Ciuca que revocaba su contrato de adjudicación. La revocación del contrato se declaró nula por contener un “vicio formal” al no haberse sometido al expediente del Consejo Consultivo de Canarias. El empresario logró que se le devolviera la adjudicación de los terrenos, pero no se le concedió ningún derecho de indemnización por daños debido a la falta de pruebas.

Hasta el año 2016 se encadenaron varios juicios entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa de Gómez del Castillo. El promotor acusaba al Consistorio de irregularidades durante el proceso de devolución de las parcelas de La Mareta, y llegó a pedir más de cuarenta millones de euros de indemnización por los beneficios perdidos debido a la paralización de su proyecto.

Los juzgados instaron a la Corporación municipal a conceder la adjudicación al promotor y escriturar las parcelas, pero declararon infundada cualquier petición de indemnización.

En enero de 2017, el Ayuntamiento citó a Gómez del Castillo en la notaría para escriturar las parcelas P1 y P2 de La Mareta a nombre de la empresa del promotor. Desde el Ayuntamiento se exigía que antes de la firma se efectuara el pago del canon de 16,8 millones de euros, pero el promotor se negó a pagar antes de recibir la escritura. El promotor argumentó que ni el pliego inicial ni la decisión judicial vinculaban la firma de la escritura al pago del canon, acusó al Consistorio de desobedecer a la Justicia, y pidió una serie de cambios en las condiciones del contrato de adjudicación.

En marzo de 2017, cuando el Ayuntamiento dio por agotadas las posibilidades para cumplir con el contrato de adjudicación y decidió iniciar el proceso de rescisión del contrato, Gómez del Castillo pidió que se imputara a los concejales que votaron a favor de esta propuesta del Gobierno Municipal. El promotor acusó a 19 de los 27 concejales del municipio de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia, y pidió al Juzgado número 2 de Telde que los citara a declarar en calidad de investigados. Ahora, con el respaldo del informe del Consejo Consultivo, algunos ediles han sugerido exigir responsabilidades legales al empresario por estas acusaciones infundadas.

La corrupción: otro problema para Telde en La Mareta

Esta batalla legal es la raíz del caso de corrupción ICO – La Mareta. La exalcaldesa del PP María del Carmen Castellano está imputada junto a José Luis Mena, exconcejal de Urbanismo, Francisco López, también exconcejal de esta área, el exinterventor del Consistorio, y el que fuera coordinador de Hacienda. La Justicia investiga si hubo delito de prevaricación, malversación, falsedad documental y desobediencia a la autoridad, cuando se autorizó el pago de 13,2 millones por una indemnización al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a una línea de crédito ICO.

La indemnización pagada a Ambrosio Jiménez vino después de que el Gobierno de la coalición PP-Ciuca revocara irregularmente la adjudicación de los solares P1 y P2 a Gómez del Castillo en 2003 para luego vender una sección de los terrenos a Jiménez en 2005. Cuando Gómez del Castillo ganó el juicio contra el Consistorio para que se le devolviesen los terrenos, el Ayuntamiento se vio obligado a quitarle a Jiménez la sección de 6.500 metros que había comprado en 2005 y pagarle una indemnización por las pérdidas consecuentes. La indemnización de 13,2 millones de euros correspondía a la devolución de lo que pagó por los terrenos en 2005, más intereses y una indemnización por lucro cesado. 

El pago de la indemnización se hizo a cargo de los fondos de los créditos ICO facilitados por el Gobierno Central para el pago a proveedores en 2012, lo cual estaba explícitamente prohibido.

La mala gestión de los solares de La Mareta ha costado a Telde más de treinta millones de euros entre indemnizaciones, tasas no cobradas y oportunidades económicas perdidas. Esto ha supuesto un gran lastre para las finanzas del Consistorio, a día de hoy el más endeudado de Canarias, y ha obligado a reducir los servicios sociales en una población que los necesita con urgencia. Telde es una de las ciudades más empobrecidas de España y sufre una tasa de desempleo de más del 27%.

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