“Cuando llegué al Ayuntamiento me encontré con un muro de silencio a los problemas de los vecinos”

Cuando Javier Doreste (LPGC Puede) tomó posesión como concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que se encontró con un área cargada de proyectos presupuestados sin ejecución y donde el PP había construido “un muro de silencio” a los problemas de los ciudadanos. Por ello, el teniente de alcalde se ha propuesto en esta legislatura dar voz a los barrios periféricos y que el protagonismo no le corresponda siempre a la parte baja de la ciudad. Reconoce que ciertas reclamaciones históricas como la Base Naval son complicadas de alcanzar, pero también espera que las elecciones del 20-D traigan el cambio de la mano de Podemos.

¿Qué actuaciones estás desarrollando para darle al área de Urbanismo un enfoque social?

En primer lugar, intentamos que se creen más puestos de trabajo y de mejor calidad y, para eso, Urbanismo puede agilizar las licencias de obras, sobre todo de obras menores. Además, incentivar la creación de empleo dando más puntos a las empresas que trabajen con alumnos de formación profesional, intervenir en la reposición y rehabilitación de las viviendas de los barrios más desfavorecidos y que durante estos cuatro años de cardonato han estado abandonados. Dos de las acciones que hemos llevado a cabo son la rehabilitación de las fachadas interiores de los patios de Escaleritas y la reposición de 72 viviendas en Tamaraceite, que esperamos entregar en abril de 2016.

¿Cuántas viviendas sociales se necesitan en la ciudad?

Según el Gobierno de Canarias, hay 20.000 solicitudes de vivienda social en Las Palmas de Gran Canaria. Después hay que sumar la reposición de 2.500 viviendas en Las Rehoyas, 150 en Tamaraceite y la rehabilitación de viviendas en El Lasso, Zárate, Tres Palmas y Casablanca.

¿Para cuándo la oficina antidesahucios?

Creemos que se abrirá a principios de año. Hemos tenido muchos problemas con ella porque nuestra intención era operar solo con personal municipal. Seguimos con esa idea y la hemos retrasado hasta que se terminen de ordenar áreas como la de cohesión social.

Están surgiendo quejas sobre la limpieza de la ciudad, ¿cómo está funcionando el servicio?

Está funcionando exactamente igual e incluso mejor que antes. Sólo hay que ver la rapidez con la que se reaccionó con las lluvias, cuando la ciudad se limpió rápida y eficazmente y con un gran sacrificio por parte del personal. Nosotros intentamos que las contrataciones se hagan en coordinación con cohesión social, y se tenga en cuenta a familias o personas en riesgo de exclusión.

¿A cuántas sentencias de expropiación tienen que hacer frente como consecuencia de gestiones anteriores?

La cifra exacta ahora no la sé, pero sí que debemos guardar entre diez y doce millones para este tipo de sentencias. Después hay otro caso, en el que el juez ha dictaminado que una calle que está entre la Avenida Juan Carlos I y Felo Monzón debe convertirse de nuevo en un solar, ya que no puede ser una calle. En estos momentos estamos negociando para ver cómo podemos cumplir una sentencia de ese tipo.

¿En qué situación judicial se encuentra en estos momentos El Confital?

Eso fue una mala expropiación. Quisimos devolver los terrenos a sus propietarios pero ellos no la aceptan y nos reclaman 40 millones de euros. Así que tendremos que abrir un proceso de negociación. Pero desde luego que El Confital debe ser de la gente.

Y el proyecto Guiniguada

Nosotros hemos recuperado el auténtico proyecto Guiniguada, que es el corredor que iría desde El Pambaso hasta Santa Brígida. El primer paso sería desde El Pambaso hasta Fuente Morales, la segunda desde Fuente Morales hasta el Jardín Botánico y después conectarlo con Santa Brígida para que la gente pueda ir caminando por un corredor verde. Para este proyecto hemos ido a buscar dinero a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno autónomo, Gobierno central y al Cabildo.

¿Algunos proyectos de anteriores legislaturas que quieras retomar?

Estamos valorando el tema del barranco de Tamaraceite. La ciudad tiene dos grandes barrancos, ese y el de Guiniguada y hay que convertirlos en zonas verdes rurales, donde la gente pueda caminar y así también acercar la parte alta con la baja. También hemos recuperado el viejo proyecto de los miradores que estaba abandonado. Queremos hacer uno en La Minilla que tenga ascensores y rampas que conecten con Mesa y López, el de Altavista, el de San Francisco y el de San Juan.

¿Cuál es la solución para la subestación eléctrica de Endesa de La Cícer?

Les hemos ofrecido dos solares, uno por La Minilla y otro por el campo de golf. Y se han negado. La única solución es que pidamos la ejecución de sentencia porque si no lo hiciera estaría prevaricando. Nosotros no vamos a cejar, sino que les vamos a pedir que se vayan y que entreguen ese solar a la ciudad.

Un tema más polémico: la Base Naval

Ese es un tema demasiado complicado para nosotros. Seguiremos reclamando pero también sabemos que el Ejército nos pediría mucho dinero. Por eso, preferimos hablar del Canarias 50, unas instalaciones abandonadas entre la Isleta y El Sebadal. Nuestra idea es que el Ejército las entregue a la ciudad y hacer el parque que la Isleta se merece con unas instalaciones deportivas. Vemos más posibilidades en esta legislatura recuperar estos terrenos que la Base Naval.

¿Hay algún proyecto para dinamizar la del zona puerto?

La idea es concentrar en la parte de Santa Catalina, El Muelle y calles adyacentes, la actividad comercial de los domingos.

¿Fue el cierre del Sotavento una decisión precipitada?

No, fue una decisión retrasada. El Sotavento llevaba mucho tiempo en esa situación y nadie había apoyado a los técnicos que estimaban que había una situación de peligrosidad para los trabajadores y usuarios. Esta concejalía hizo que se cumpliera la ley. Lo curioso es que después del escándalo tardaron 25 días en presentar una declaración responsable, de modo que los problemas que tenían eran más graves. El centro comercial, hasta que nosotros lo cerramos, era peligroso para la gente. Fue una decisión justa, necesaria e imprescindible.

¿Cómo se está desarrollando el pacto de gobierno con PSOE y NC?

Este pacto se distingue de otros en que primero firmamos un acuerdo por la ciudadanía que marcaba las líneas de trabajo, antes de empezar a repartir puestos. Ahora presentaremos unos presupuestos que hemos discutido muchísimo porque aquí no se trata de ver qué concejal se va a lleva más dinero, sino para qué queremos el dinero. En definitiva, está funcionando bien. Alguna vez podrá haber algún desencuentro pero hasta ahora no hemos tenido ninguno grave.

¿Crees que se ha robado con Emalsa?

Una cosa es lo que yo crea y otra cosa lo que pueda demostrar ante el juzgado. Finalmente todos los ciudadanos hemos conseguido una victoria haciéndole subrogar el contrato con la empresa fantasma Sercanarias, y además hemos conseguido que los trabajadores sean asumidos por la nueva empresa. El gran problema de Emalsa son los grandes huecos legales que se dejaron desde el principio, tanto en el contrato de abastecimiento como de saneamiento, y por qué no se hizo ningún contrato programa que definiese cuáles eran las obligaciones de la empresa y los mecanismos de control de Ayuntamiento.

¿Cómo se está trabajando para revalorizar los barrios periféricos?

Por un lado tenemos la Concejalía de Cultura que ha puesto en marcha el Distrito Cultura para llevar la cultura a los barrios. Por otro lado, gracias a la Concejalía de Participación Ciudadana, las Juntas de Distrito han cambiado. Ya pueden hablar los vecinos directamente, aunque hay que tener en cuenta que estamos muy limitados por la ley de Participación Ciudadana del Estado (la Ley impide que los vecinos hablen directamente, ya que tienen que pedir permiso 20 das antes, de modo que no es un debate vivo, sino reglado). Por otra parte, entendemos que la ciudad está desequilibrada entre la parte baja y alta. Por eso queremos que la zona de Tamaraceite tenga un equipamiento cultural fuerte que dignifique la zona.

El Partido Popular (PP) ha lanzado críticas sobre la tardanza en las ayudas del alquiler

No ha habido tardanza. Son los plazos que ellos han dejado. La única diferencia es que nosotros nos encontramos el presupuesto prácticamente agotado, que eran 700.000 euros para todo el año. Nosotros lo hemos dotado con 300.000 euros más para ayudar como mínimo a 600 familias. Con el dinero del PP se ayudaba a 400. Y tenemos 2.500 solicitudes. Nosotros asumimos que alguna vez haya habido retrasos pero también es verdad que en determinadas ocasiones hemos enviado un oficio al Juzgado para evitar un desahucio explicando que estamos buscando una solución habitacional. Así hemos parado dos o tres desahucios, aunque a mí me gustaría pararlos todos.