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La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), recibe un doble varapalo de la Junta Electoral, que falla a favor de NC

Onalia Bueno, alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, en un pleno del Consistorio

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Junta Electoral de Santa María de Guía ha dictado una resolución por la que desestima la denuncia formulada por Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), la formación política a la que pertenece la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, contra el reparto de publicidad electoral efectuado por Nueva Canarias durante la campaña de las generales.

Según argumentaba la representante de Ciuca ante la Junta electoral, NC estaba realizando una campaña “encubierta” que beneficiaba a la candidata a la alcaldía por dicha formación, la actual concejala Isabel Santiago, ya que aparecía en la foto, junto a quien es su número dos en estas elecciones, Domingo Rodríguez, así como que firmaba la petición del voto en apoyo al candidato de su formación política para las generales, Pedro Quevedo.

Según indica Nueva Canarias, la Junta ha resuelto ahora que la publicidad repartida por el partido “nada tiene que ver” con las elecciones municipales, “sino que se centra en las elecciones generales, como indudablemente resulta de su contenido y sostiene la formación política Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA)”, por lo que desestima la denuncia formulada por Ciuca y Onalia Bueno.

Por otro lado, NC recuerda que el pasado 24 de abril, la misma Junta Electoral ordenó a Onalia Bueno que retirase de la web municipal una noticia relativa a la fibra óptica, ya que al estar financiada con fondos públicos entendió que se vulneraba la obligación de objetividad y neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral, infringiendo el artículo 50 de la LOREG.

La candidata a la alcaldía de Mogán por Nueva Canarias, Isabel Santiago, ha mostrado su satisfacción, por ambas resoluciones y porque “se demuestra que Onalia Bueno y el juego limpio son incompatibles, pues ha quedado acreditado que ha utilizado fondos públicos para quebrar la neutralidad de los poderes públicos en el proceso electoral”.

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