Aproser denuncia la adjudicación del concurso de seguridad del Cabildo de Gran Canaria por “sus graves vicios”
Critica que la corporación no ha considerado “todos los vicios que han corrompido el concurso en su inicio y tramitación”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser Canarias) ha denunciado la “escandalosa” adjudicación del concurso de seguridad y vigilancia en las dependencias e inmuebles del Cabildo de Gran Canaria, ya que está “viciada en origen”.
La organización denuncia, así, en un comunicado los “graves vicios” debido a “la actuación irregular de funcionarios y por la adjudicación a una empresa que no ha sabido evitar el fraude a la facturación a la corporación insular, según sentencia del Juzgado de lo Social”.
Aproser Canarias, que previamente había denunciado la “manifiesta” deficiencia técnica de los pliegos del concurso, al imposibilitar una evaluación objetiva de la mejor oferta de las licitadoras, había solicitado al presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, la anulación del concurso y la convocatoria urgente de uno nuevo con todas las garantías de transparencia y objetividad, así como el esclarecimiento total de los acontecimientos que“ han corrompido al concurso”.
Al entender del colectivo, “la actuación inexplicable del Cabildo es manifiesta”. Señalan que “es muy relevante que para adjudicar un concurso el Cabildo haya tenido que avocar las competencias de la consejera de Presidencia, que haya recurrido a un informe absolutamente improcedente de un asesor jurídico de la corporación, que lo emitió sin competencia alguna en cuestiones técnicas y que luego, al parecer, haya precisado de nuevos informes técnicos de especialistas en seguridad, cuya existencia ignoran al día de hoy otras licitadoras que se presentaron al concurso”.
“PLIEGOS DEFECTUOSOS”
Según Aproser, el problema de este concurso no era la ausencia de informes o dictámenes técnicos, sino la “actuación incorrecta de funcionarios, de irregular comportamiento de empresas y de unos pliegos manifiestamente defectuosos que impiden ponderar objetivamente las ofertas de las licitadoras”.
“Ciego ante estas evidencias y contrariamente a propósitos manifestados de transparencia y limpieza, el Cabildo ha ignorado los planteamientos de la mayoría del sector de la seguridad privada, que solicitaba un nuevo concurso, sobre bases que permitieran decidir con criterios objetivos y, más, cuando existe una investigación abierta por el Cabildo tras conocerse presuntas vinculaciones entre funcionarios del Cabildo y empleados de Serramar y de Seguridad Integral Canaria”, añade.
Asimismo, la organización destaca también que “menoscaba también el objetivo de equidad y limpieza el hecho de que la corporación únicamente considera unos posibles y muy discutibles méritos de forma subjetiva, al carecer el pliego de contratación de criterios objetivos”.
Sin embargo, “no computa el gravísimo demérito ocurrido con ocasión del fraude en la facturación de los servicios proclamado por Seguridad Integral Canaria, declarado probado en sede judicial y en investigación por la Intervención del Cabildo”.
Aproser Canarias había puesto en conocimiento del Cabildo los múltiples defectos del pliego de contratación desde hace más de un año, ya que no definía correctamente el objeto del contrato, no establecía la fórmula para determinar el presupuesto de licitación, ni certeza en el plazo de duración del contrato lo que, entre otros problemas hacía “imposible” ofrecer un precio en condiciones de igualdad y concurrencia, al no establecerse además criterios de objetividad para ponderar el precio.
Además, indica que el pliego contenía unos criterios medioambientales genéricos, sin concretar a cuál otorgaría preferencia la Administración no permitiendo a los licitadores conocer, en el momento de presentar sus ofertas, los criterios para su valoración.
También incluía el pliego prestaciones que no guardaban relación con el objeto del contrato y mejoras sin aportar criterios de valoración.
“CARGA DE SUBJETIVIDAD”
“Advertido hace un año de estos defectos y de los perjuicios que causaba al conjunto del sector de la seguridad privada la convocatoria de un concurso con base a unos presupuestos tan defectuosos, en lugar de anularlo y de preparar uno nuevo con todas las garantías, ha adoptado una decisión basada en un conjunto de actuaciones impropias de funcionarios”, agrega.
Además de que critica “irregularidades de dos empresas licitadoras, de informes jurídicos improcedentes, que se combina con una carga de subjetividad absolutamente incompatible con la equidad, limpieza y transparencia que deben regir la contratación pública”.
En conclusión, para Aproser Canarias “no cabe que se haya podido adjudicar este concurso sin haber considerado todos los vicios que lo habían corrompido en su inicio y tramitación”. Así, concluye que “todo ello habrá de requerir el conocimiento y pronunciamiento independiente de los tribunales de justicia”.
